Amarras: el barrio privado de Gualeguaychú que desvió el curso del río y sigue impune
Se trata de un country náutico vendido como "el Nordelta" de esa zona. Alteró el lecho con un canal artificial para yates y lanchas de lujo. Tiene un fallo en contra de la Corte, pero no volvieron atrás.
En la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, a no más de diez minutos del centro urbano y sobre el valle de inundación del río, ahí donde hubo un bosque de algarrobos, ñandubay y espinillos, solo hay tierra arrasada. El dato, solitario, no tiene ninguna particularidad: en la Argentina sobran los ejemplos de desastres ambientales provocados por la prepotencia de proyectos inmobiliarios casi siempre ilegales y amparados en la corrupción de funcionarios. Pero el caso de Gualeguaychú no es como los demás.
Luego de años de litigio, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, precedido por otro del Superior Tribunal de Justicia provincial y por uno de primera instancia, condenó a Altos de Unzué SA, la empresa a cargo de la construcción de un barrio náutico, a cumplir con la “recomposición del ambiente in natura, es decir, la vuelta atrás de las cosas a su estado anterior” en un plazo que no debía superar los 180 días.
De aquel fallo sin antecedentes ya pasaron cuatro años y el ecosistema no solo no se restauró (si eso fuera posible es otra discusión) sino que la empresa alteró el curso natural del río Gualeguaychú para abrir un canal artificial y así consumar su plan de acceso de lanchas de lujo y yates de los futuros habitantes del country fluvial Amarras. O como prefieren venderlo los agentes inmobiliarios, el “Nordelta de Gualeguaychú”.
«No puede ser que cualquiera haga lo que se le antoje porque tiene plata»
El comienzo de esta historia de disputa comienza en septiembre de 2015 cuando Julio Majul, abogado y exsenador de Gualeguaychú, hace una presentación ante la Justicia planteando el cese de las obras y que se repararan los perjuicios ambientales producidos por la construcción desde 2012 del country fluvial Amarras de la empresa Altos de Unzué SA, ubicado en jurisdicción de Pueblo General Belgrano sobre la costa del río Gualeguaychú, fundamentado en la afectación al ambiente actual y futuro, en la violación de los principios preventivo y precautorio y en la colisión con derechos individuales y colectivos contemplados en la Constitución y en la Ley General de Ambiente.
“Me enteré del proyecto de este barrio privado por la carta de una profesora que salió publicada en un diario local. Fui a ver cómo era el tema, averigüé el estado del expediente y así me enteré de que no estaba autorizado por nadie. A mí las obras no me afectaban directamente, pero no podía ser que cualquiera haga lo que se le antoje porque tiene plata”, relata ahora Majul, con la indignación intacta a pesar del paso del tiempo.
A esa altura, la empresa, sin ningún tipo de control, ya había arrasado 112 hectáreas de un humedal, elevado la cota del terreno casi seis metros y pedido la ampliación del ejido al municipio de Pueblo Belgrano para concretar su megaproyecto de 220 lotes con amarres, lagunas artificiales, centros comerciales y hasta un hotel de lujo.
En apenas 48 horas, la iniciativa de Majul sumó la adhesión de dos mil vecinos de Gualeguaychú dando forma a un proceso de amparo ambiental colectivo. Luego de una serie de fallos favorables y apelaciones, los amparistas presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema que, en 2019, consideró que “se llevaron a cabo acciones que dañaron el ambiente y que por su magnitud éstos daños podrían resultar de difícil o imposible reparación”.
En detalle, cuestionó que la propia consultora en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) admitiera que el emprendimiento se erigía en un área protegida por la Ley Provincial Nº 8967 al tratarse de una zona de humedales; y que es en el mismo valle de inundación del río, por lo que es evidente “el impacto permanente e irreversible sobre el ambiente que provocaron las obras de taludes, terraplenes y celdas con refulado”.
También señaló que desde la presentación del EIA (2012) hasta su aprobación (2015) la empresa realizó obras de magnitud aún en períodos de suspensiones y pese a los reclamos de vecinos.
“Hace cuatro años del fallo de la Corte que les había dado 180 días para desmantelar las obras y recomponer el ambiente y aún no hicieron nada, hasta lo destruyeron más. Es evidente que acá hay mucha plata en juego. Me inclino a pensar que el narcotráfico y el lavado están detrás porque otra explicación no encuentro”, se lamenta Majul.
Insensibilidad ambiental
La “causa Amarras” se ha transformado, según la jerga judicial, en un “leading case”. Es decir, tiene la reputación de ser un fallo que inicia una tendencia, que marca un antes y un después. Majul ha dado charlas en universidades de Canadá, México y Uruguay, entre otras, por haber protagonizado, sin quererlo, una novedad en materia ambiental (ver recuadro). Pero para él, como para el resto de los amparistas, es lo menos importante.
“Hasta hoy estamos tratando de ejecutar el fallo –confiesa, con tono amargo, Luis Leissa, exintendente de Gualeguaychú y abogado patrocinante de Majul–. En vez de comenzar con el proyecto de saneamiento, la empresa altera el curso de un río, que es absolutamente ilegal, para que las lanchas puedan entrar al complejo. Es de una gravedad institucional nunca vista”.
Hace un mes, el juez Civil y Comercial Nº 3 de Gualeguaychú, Ricardo Javier Mudrovici, resolvió suspender todas las obras “hasta tanto se autorice judicialmente un plan de recomposición del ambiente”. El fallo puede tomarse como una respuesta al pedido que hizo la Municipalidad de Gualeguaychú a la Justicia para que “intervenga de manera urgente e inmediata ante el avance de las obras en Amarras de la ciudad de Pueblo Belgrano”, luego de que la empresa lograra la aprobación por parte del gobierno provincial de un “plan de recomposición” a su medida.
Como era de esperar, tanto la empresa como los funcionarios de Pueblo Belgrano apelaron. Lo mismo hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, representante de los intereses de la provincia, evidenciando, según Liassa, “la insensibilidad ambiental del actual gobernador Gustavo Bordet”. Aún se espera por lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El final se sigue demorando. «
Un fallo emblemático
El fallo del 11 de julio de 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la “causa Amarras” que llevó la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos que había rechazado la acción de amparo interpuesta por Julio Majul con el objeto de que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del proyecto inmobiliario en la ribera del Río Gualeguaychú con la aplicación de dos principios novedosos en materia ambiental: el principio “in dubio pro natura” y el principio “in dubio pro aqua ”que indican que “en caso de duda, todos los procesos ante los tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales y de protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos” y agrega que “no se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación a los beneficios derivados de los mismos”.
Investigadoras desarrollaron un producto que elimina el glifosato del agua y de los alimentos
Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes desarrollan un método para descontaminar el agua y los alimentos que contienen pesticidas, particularmente el glifosato. A través de una técnica conocida como biorremediación, ayudan a degradar de forma natural este insumo destinado al agro que puede ser perjudicial para el ambiente y la salud humana. El objetivo de las investigadoras es que, a través de la asociación público-privada, se diseñe un producto que pueda escalar en la producción y fabricarse de forma industrial para llegar a la mayor cantidad de personas.
“Encontramos organismos que eran capaces de degradar ciertos pesticidas, particularmente glifosato. Como es el herbicida de mayor uso en nuestro país y cuyo impacto sobre el ambiente y sobre la salud es muy fuerte, trabajamos en el desarrollo de sistemas enzimáticos para la biorremediación de aguas y alimentos contaminados con este compuesto químico”, señala Lorena Rojas, directora de la Licenciatura en Biotecnología y directora del proyecto, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
El método diseñado a base de enzimas se puede utilizar sobre aguas que provienen de zonas contaminadas con pesticidas y se utilizan para el consumo. Además, puede aplicarse sobre alimentos que estuvieron expuestos al glifosato para “limpiarlos”.
“Hay muchos estudios que indican que los alimentos que consumimos tienen un nivel de pesticidas bastante alto. Entonces, la idea es poder contribuir a los procesos de lavado de frutas y verduras con estas enzimas que son biodegradables, seguras y liberan a los alimentos de todo el pesticida”, destaca Rojas. En este caso, la presentación del insumo es a través de un polvo formulado para agregar al momento del lavado.
En los últimos 25 años, el uso de productos químicos como insecticidas, herbicidas y fertilizantes en la Argentina aumentó de forma exponencial.
