Antes que salga el decretazo de Milei, Rosatti le recordó que deberá pasar el filtro de la Corte

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei "entrarían dentro de lo que en el derecho constitucional se llama emergencia", una situación que a su criterio está prevista en la Constitución Nacional, y delimitó la facultad del máximo tribunal alrededor del "control de constitucionalidad". Sin adelantar opinión en términos jurídicos, rozó temas como aumentos de tarifas, el protocolo de Patricia Bullrich para intervenir contra la protesta social y la necesidad de evitar que el Poder Judicial ejerza el gobierno.

"Lo que pasa es que cuando hay una situación de excepción, una situación de emergencia, cuando hay normas del estilo de las normas que se están anunciando que van a ser promovidas, el juez tiene que tener mucha prudencia y mucha sabiduría para saber qué es lo que puede controlar y qué es lo que no puede controlar", explicó en una entrevista por LN+.

Asimismo, aclaró que los magistrados no pueden intervenir sobre "el plano de la decisión política". "¿Qué controlamos nosotros? Nosotros controlamos procedimientos y efectos o contenidos de la decisión", indicó.

Rosatti recordó que la Reforma de 1994 incluyó "dos institutos" sobre los cuales la Corte tendría jurisdicción si hubiera litigio: los decretos de necesidad y urgencia y la legislación delegada. Esa mención remitió directamente al súper DNU de Milei, que contiene reformas económicas para desregular la producción y achicar el gasto.

Sobre ese punto, el ex intendente santafecino precisó que existe en el Congreso la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, compuesta por 16 miembros en representación de los diferentes partidos, para revisar la pertinencia de esos decretos.

De esa manera, el titular de la Corte puso el foco en el control de los procedimientos pero, curiosamente, aludió al amparo que tramitó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidariadad (CEPIS) contra los aumentos en las tarifas de gas que dispuso el gobierno de Mauricio Macri. La demandante obtuvo fallo favorable en el Palacio Talcahuano el 18 de agosto de 2016 porque Cambiemos no había cumplido con la realización de audiencias públicas previas a la fijación de la nueva tarifa. "Se controló el procedimiento", subrayó Rosatti.

La anécdota impactó de lleno en el decreto derivados del decreto 55/2023, que se publicó ayer por Boletín Ofiial con la firma de Milei para declarar la emergencia energética, disponer la intervención del ENRE y ENARGAS y habilitar aumentos de tarifas.

De todas maneras, Rosatti adujo que la constitucionalidad no es cuestión de gustos, tal como le enseñara el profesor Germán Bidart Campos. "La declaración de inconstitucionalidad supone un agravio de una norma de jerarquía", argumentó.

Por otra parte, se refirió al debate sobre el choque entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular, en vísperas del estreno del protocolo antipiquetes que anunciara la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A su criterio, lo ideal sería que el asunto no llegara al Poder Judicial y, en todo caso, la tarea del juez sería la de "optimizar los dos derechos, no confrontarlos y que sea de una suma cero". En síntesis, su preocupación es que no se anule al otro.

Finalmente, opinó sobre el rol de la Corte como contrapeso de los otros poderes del Estado o armonizador jurídico del Poder Ejecutivo en curso. Su postura fue la de optar por un criterio intermedio, sin arrogarse la custodia de lo más tradicional frente a la novedad ni hacer seguidismo a la Casa Rosada.

Para Rosatti, uno de los problemas del país es que la ley suele llegar después de un fallo judicial, como ocurrió con los casos del divorcio o el aborto.

Sobre este aspecto, evocó el New Deal de Franklin Roosvelt en Estados Unidos, en la década del 30', porque la Corte frenó ese proyecto. "Los cambios eran muy reformistas, casi revolucionarios para la mentalidad norteamericana", graficó.

Ante esa situación, el jefe de Estado quiso ampliar la cantidad de miembros de la Corte para evitar lo que llamó "el gobierno de los jueces". Sin embargo, contó Rosatti, alguien se jubiló, hubo otra mayoría y eso permitió que el New Deal pudiera concretarse.