Crece la oposición patronal al pago del bono de 24 mil pesos

No hay datos concretos que indiquen cuántos asalariados registrados privados lograron cobrar el bono de $ 24.000 que dispuso el gobierno nacional por decreto a mediados de diciembre pasado. Lo que sí es conocida es la oposición patronal a pagarlo.

El largo listado de cámaras empresarias que no lo pagaron sumó este martes a los sanatorios de la provincia de Buenos Aires. Según denunció la Federación de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), esos establecimientos no pagaron el bono y amenazan con recurrir a la justicia para frenarlo.

Antes, la cámara que agrupa a las empresas que gestionan estaciones de servicio (unas 5000 firmas con alrededor de 65.000 empleados) justificó su decisión de no pagarlo señalando que el convenio colectivo de esa rama permite absorber dentro de la paritaria todo incremento por fuera de ella, como el bono implementado con el decreto 841/2022.

El sindicato de estacioneros, que dirige el cosecretario de la CGT, Carlos Acuña, rechazó esa postura. Por ahora, las cosas siguen igual: las empresas se niegan a pagarlo y los trabajadores reclaman su cobro. Ninguno de los dos ha recurrido a otras instancias, como la justicia o el Ministerio de Trabajo.

Esta última vía podría no conducir a ninguna parte. Desde la cartera que dirige Raquel Olmos aseguran que no ejercen las tareas de control del pago y que eso está en manos de los sindicatos. Algo parecido a la falta de control de los pagos de ATP y el cumplimiento de los protocolos para lugares de trabajo durante la pandemia de Covid en 2020.

En similar situación a la de los estacioneros se encuentra el personal representado por el Sindicato de Obreros de Maestranza, que cuenta con 40.000 afiliados pero que se cree que el convenio aplica a más de 200 mil. Las cámaras patronales aseguran que hay cláusulas del acuerdo paritario que absorben los incrementos por fuera de las negociaciones. El sindicato no ha hecho reclamos públicos o formales todavía.

Empresas agrupadas en Camima, la cámara que agrupa a las pequeñas y medianas firmas metalúrgicas, tampoco lo pagaron. De hecho, Camima le envió una carta a Olmos sobre el fin de año para pedirle que ese ministerio generara una nueva directiva que contemplara “los casos particulares” de empresas “incapacitadas de abonarlo”. Olmos hizo trascender que “no hay excepciones” al pago del bono, pero fuentes empresarias con conocimiento del tema aseguraron a Tiempo que “se está charlando” el asunto.

Desde Córdoba, el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto admitió que “la mayoría” de las empresas locales no pagaron el bono, aunque pronosticó que lo harían en estos primeros días de enero.

Esa postergación de hecho del pago del bono fue el pedido expreso que realizó la Cámara de Comercio a Olmos. No hubo respuesta formal de la funcionaria, pero la decisión de Trabajo de despegarse del control del pago puede dejar la puerta abierta a una postergación sin fecha de su desembolso en las cuentas sueldo de los empleados.

El último caso conocido es el de los trabajadores rurales, que recibieron un bono extra de $ 26.000 a sumarse a los $ 24.000 del decreto nacional. En este caso, la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salieron al cruce del beneficio de $ 26.000, aduciendo que se trata de un acuerdo entre el Estado y el sindicato UATRE a espaldas de las cámaras patronales. Por ello presentaron recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo.