Denuncian que la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos «es inconstitucional»

Este martes el país amaneció con nuevos recortes del gobierno nacional. Esta vez, el fin de tres fondos fiduciarios. Uno de ellos es clave tanto para lo social y ambiental, como también para lo económico, en tiempos donde Europa presiona para que los países que le exportan cumplan con las normativas de desarrollo sostenible: se trata del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).

El gobierno nacional lo eliminó a través del Decreto 888/24. El Fondo fue creado en 2018 (curiosamente en tiempos del macrismo, cuyos diputados hoy coinciden con las medidas de La Libertad Avanza) para implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada por la Argentina al Acuerdo de París y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración y ejecución de los montos destinados a la conservación de estos ecosistemas en el país.

Este Fondo Fiduciario, constituido a través de la Ley Nº 27.431 para administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, significó un avance en la gestión y rendición de los fondos destinados a la protección y conservación de estos amenazados ecosistemas naturales. 

«Flagrantemente inconstitucional»

El Fondo permitía realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y obtener una redituabilidad mientras los fondos esperaban ser transferidos, un aspecto clave en un contexto de alta inflación.

«Es una medida flagrantemente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental». Quien lo asegura es Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). Las organizaciones no descartan acciones judiciales contra la acción oficial.

«Así, en otro paso atrás en políticas ambientales, los bosques quedan más a merced de las topadoras y los incendios intencionales. El ‘mercado’ decidirá y no habrá ninguna política de compensación para conservarlos, como lo establece expresamente la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos que el gobierno nacional decide violar abiertamente», acota Viale.

El Fondo Fiduciario y el control sobre la deforestación

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo definieron como «un paso atrás en la protección de bosques nativos de la Argentina».

Enfatizaron que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos fortalece la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, «permitiendo controlar la deforestación, apoyar a las comunidades locales y asegurar la implementación efectiva de los objetivos establecidos en la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos». 

Entre los considerandos que fundamentan la medida para disolver este fondo se destacan el déficit de capacidad institucional de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos.

Desde FARN apuntan que las supuestas deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley: «en todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo, y, si se verifican, efectuar las denuncias correspondientes por la malversación de los fondos públicos que se alegan en los fundamentos».

«Sin embargo, y lejos de ello, se opta por eliminar directamente el Fondo Fiduciario, lo cual, además de significar un retroceso en términos de transparencia y uso de los fondos, impide confirmar que los recursos económicos se destinen únicamente a proyectos pensados y monitoreados estratégicamente para cumplir con los objetivos de la ley y no sean desviados hacia otros destinos».

Desprotección y consecuencias

Desde FARN enfatizan que la disolución del fondo no deja ningún otro valor agregado en términos de transparencia y rendición de cuentas, aspectos muy alegados en estos días por el gobierno nacional: «simplemente busca recortar otro fondo para cumplir con la baja del déficit fiscal. Esto va en detrimento, claro está, de la protección de los bosques nativos».

Además, el decreto implica que el país quede sin herramientas para compensar a las provincias y a aquellos privados que hacen un esfuerzo para mantener los bosques nativos en pie, «poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas».

Además de ir a contramano de compromisos internacionales climáticos y de biodiversidad asumidos por nuestro país y de las tendencias globales que buscan resguardar que los productos agropecuarios no se vinculen con la deforestación, el Decreto 888/24 podría atentar, en este sentido, contra la inserción internacional de los productos argentinos, constituyendo una decisión gubernamental irracional también desde lo económico.

Actualmente, la Unión Europea avanza en la restricción de importaciones que vengan de países que no cumplan con el reglamento sobre productos libres de deforestación (DFPR, del inglés “Deforestation Free Products Regulation”). 

Desde FUNDAR remarcan que los bosques albergan más del 80% de las especies terrestres de plantas y animales, lo que subraya la importancia de su preservación y la acelerada pérdida de biodiversidad, junto con la degradación del suelo y la extinción de especies, «plantean una amenaza significativa tanto para el planeta como para las comunidades, sobre todo para aquellas que dependen de los bosques para su sustento y bienestar».

Más de la mitad del PIB mundial depende de los servicios ecosistémicos y en particular de los proporcionados por los bosques: «Estos servicios, que abarcan desde la regulación hídrica hasta la conservación de la biodiversidad, pasando por la salvaguarda de la identidad cultural y la captura de GEI, son cruciales para la estabilidad ambiental y el bienestar humano».

«Las regulaciones ambientales para comerciar y acceder a financiamiento en los mercados internacionales son cada vez más la norma –añaden desde FUNDAR–. Dichas regulaciones son un desafío y una oportunidad para la inserción internacional de la Argentina en el mundo. Que nuestras exportaciones cumplan con los nuevos estándares ambientales, debe ser un motor y no una barrera para el desarrollo de nuestro país. Hacerlo es necesario y es conveniente para nuestra economía».