Diputados del FdT cuestionaron la implementación del programa Garantía BA

Maia Daer (FdT) aseguró que el programa cuenta con “un presupuesto anual muy magro, menor a lo que la Ciudad gasta por día en pauta publicitaria” e insistió en que no resuelve el problema de la crisis habitacional.

Diputados del FdT cuestionaron la implementación del programa Garantía BA

La legisladora por el Frente de Todos (FdT) Maia Daer presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura porteña exprese su “honda preocupación ante el anuncio del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por el programa ‘Garantía + fácil’”.

El proyecto, que también lleva las firmas del diputado Matías Barroetaveña (FdT) y el jefe del bloque FdT y mano derecha de Alberto Fernández, Claudio Ferreño, sostiene que dicho programa, el cual facilita el acceso a seguros de caución de diferentes compañías y bonifica (desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad) un 70% del mismo, es un “acto de campaña encubierta”, ya que se trata de un “programa que está vigente desde hace años, que no dio ningún resultado y que, además, contaba con un presupuesto anual muy magro, menor a lo que la Ciudad gasta por día en pauta publicitaria”.

“El programa ‘Garantía + fácil’, se encuentra vigente desde 2021, como parte de otro programa de garantías estatales presentado en 2018 y bautizado como ‘Garantía BA'”, explicó el escrito.

Asimismo, indicó que “en el año 2022, esa política contó con un presupuesto de 21 millones de pesos para todo el año, ‘menos de los 31 millones que gastó por día en Publicidad y Propaganda’, y “fracasó por varios motivos, principalmente porque los propietarios siguen temiendo la decisión de qué garantías aceptar y cuáles no; las inmobiliarias no aceptan esta garantías estatales, que son garantías que el estado acuerda con financiadoras privadas, porque las inmobiliarias tienen su propia financiadoras, tienen sus propios acuerdos, y entonces cuando va una persona con la garantía del Estado con acuerdos de otras financiadoras de movida les dicen que no, y no hay forma de obligarla a aceptar la garantía estatal”.

“Usar publicidad oficial para fortalecer la imagen de un funcionario público como candidato e inducir el voto en su favor se aparta del destino establecido para la publicidad oficial, máxime si tenemos en cuenta que aún no rige el calendario electoral y se usa ‘un supuesto nuevo programa’ que viene a dar una solución ilusoria a un flagelo que venimos sufriendo los inquilinos/as vecinos/as de la Ciudad”, sentenció.