El desplome de la construcción en Rosario agrava la situación de los barrios copados por el narco
Por la paralización de la obra pública nacional y la recesión cayó el 25% de los empleos de la UOCRA que afecta principalmente a los barrios más humildes copados por las bandas narco.
Cuando Mauricio Macri asumió, una de las primeras medidas de Cambiemos fue la paralización de la obra pública nacional para achicar el déficit. En ese momento, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, le explicó a Macri que la desocupación en ese gremio tiene un fuerte impacto social con el aumento de los consumos problemáticos y la violencia.
Ahora, el gobierno libertario ensaya un nuevo intento por lograr el déficit cero y para ello, le puso el freno a toda la obra pública, hasta a proyectos que están muy próximos a terminar como la cárcel federal de Coronda, Santa Fe, que a pesar de la crisis de inseguridad que vive Rosario, la gestión nacional canceló su construcción que está avanzada en un 90%.
A su vez, con la eliminación del fideicomiso para barrios populares se suspendieron obras para las zonas rojas de Rosario, como anticipó LPO. Esta situación, sumada a la profunda recesión económica, derrumbaron los índices de empleo en la construcción.
Si a la proliferación de banditas que se dedican a la venta de drogas en el mercado minorista que defienden el territorio a los tiros se le suma una crisis económica profunda, se disparan los índices de pobreza "que siempre es tierra fértil para el narcotráfico", dijo un alto funcionario municipal.
En consecuencia, la caída del mercado de la construcción preocupa a las autoridades, "no porque se metan en los negocios ilegales sino porque se quedan sin herramientas para contener a sus hijos que pueden se tentados por el sicariato para conseguir plata fácil".
Según el secretario general de la delegación rosarina de la UOCRA, Sixto Irrazábal, el sector tuvo una caída del 25% de puestos de trabajo según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción -IERIC- que registra el empleo formal.
"Tuvimos una baja de 10 mil puestos de trabajo en toda la provincia entre diciembre y febrero de 40 mil empleos en el sistema formal, después hay otro tanto en el mercado informal", explicó a LPO el gremialista y admitió que trae fuertes consecuencias sociales.
"Además de quedarse sin trabajo, al obrero de la construcción se le complica la contención de sus hijos, no se hacen más los cursos de albañilería y crece la demanda de asistencia social metiendo presión al Estado. Por ejemplo, se quedan sin obra social y eso hace desbordar al sistema público. Esto no se resuelve con el ejército", amplió Irrazábal.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción de Rosario, Mariano Schor, destacó en diálogo con La Política Online que la provincia de Santa Fe mantiene la inversión en obra pública y que eso permitió amortiguar el impacto por la paralización de la nacional.
Sin embargo, admitió una preocupación muy grande por el impacto: "el trabajador de la construcción no va a volcarse a actividades ilegales, no es así. Hasta le da vergüenza y le cuesta mucho ir a pedir ayuda social", describieron fuentes del sector y agregaron que ven a obreros que se llevan la vianda que les sirven en las obras para dársela a sus hijos, una postal que no se veía desde el 2001.
Es que, en Rosario, además del freno a la obra pública nacional lo que más afectó a la construcción es la inflación y la recesión que se reflejó en la caída de los permisos de construcción entre enero y febrero que se gestionan a nivel municipal.
En épocas de caída económica Rosario es una de las ciudades que primero siente los cimbronazos porque gran parte de su producción depende de la extensa red de pequeñas y medianas empresas de todos los rubros. Si al problema del narcotráfico, que tiene a la ciudad en vilo, se le suma una pronunciada recesión, se genera un cóctel peligroso.
Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano de Rosario
En ese sentido, el secretario de Desarrollo Humano Municipal, Nicolás Gianelloni, señaló que "la pobreza extrema es terreno fértil para el narcotráfico y genera mayor violencia en los barrios más humildes. Sin acceso a los servicios. el narcomenudeo es una economía delictiva que fluye en las zonas carenciadas".
De hecho, Gianelloni reveló que desde diciembre a febrero hubo un incremento de 30% de la demanda alimentaria que llega a los Centros Cuidar y a los de salud: "son personas que piden ayuda para poder comer, que llegan personalmente a las instituciones municipales donde llevamos un registro, no estamos hablando de organizaciones", sostuvo el funcionario.
En la ciudad donde reina el miedo con la tasa de homicidios más alta del país, los agentes municipales registran un aumento de gente pidiendo comida, en el sistema salud pública porque se quedó sin trabajo formal y no puede tener prepaga, mas recolección informal de residuos y más familias en las ferias populares: "mucha gente volcada a la informalidad obligada a salir a juntar un mango para comer", cerró Gianelloni.
