Juicio Brigadas: los imputados se negaron a prestar declaración
Continúan las indagatorias a los imputados en el juicios por los nuevos cargos que se les suman.
El debate oral en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Banfield, Quilmes y Lanús durante la última dictadura cívico-militar, conocido como Juicio Brigadas, continuó este martes con la declaración de imputados, los cuales se abstuvieron hacerlo. Como en la audiencia anterior, se espera que lo hagan en la siguiente jornada.
En la jornada previa les comunicaron a Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés, Federico Minicucci, Roberto Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Alberto Candioti, Enrique Barre y Horacio Castillo las nuevas acusaciones que se suman al juicio por delitos de violencia sexual, secuestro, aplicación de tormentos, reducción a la servidumbre y homicidio.
Bergés se negó a declarar pero dijo que iba a hacerlo más adelante, “cuando declaren todos los testigos”. Igual decisión tomó Smart. Wolk, en tanto, se refirió a “ciertos detalles inconclusos de la investigación” y manifestó estar en “desacuerdo con la realidad”, mientras que se negó a contestar preguntas. Domínguez Matheu y Romero Pavón se negaron a declarar.
“Por indicación de mis abogados no voy a declarar en la fecha ni a contestar preguntas”, anunció Minicucci este martes. Barre, Balmaceda, Fontana, Castillo y Candioti tampoco ampliaron la declaración. Por problemas de conexión, no se pudo continuar con las preguntas, motivo por el que se pasó a un cuarto intermedio hasta el 7 de marzo.
Horacio Luis Castillo, nuevo imputado
En la causa que unifica los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, el Infierno de Lanús y el Pozo de Quilmes se incorporó como nuevo imputado a Luis Horacio Castillo. A diferencia de los demás acusados, es la primera vez que le toca ser procesado.
Castillo había sido oficial inspector de la Policía Bonaerense en las décadas de 1970 y 1980. Nunca estuvo formalmente vinculado al terrorismo de Estado, hasta que sobrevivientes de El Infierno lo reconocieron y nombraron en distintas declaraciones en causas por delitos de lesa humanidad. La investigación determinó que había cumplido funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en el Pozo de Banfield.
De esta manera, se dio lugar a su procesamiento para sumarlo como imputado al juicio, lo cual finalmente se formalizó en la última semana. Con arresto domiciliario, Castillo participó de la audiencia virtual en la que se leyeron los cargos en su contra.
Al ex oficial inspector se lo acusa de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos contra ocho personas; desaparición forzada y/o homicidio agravado de 37 víctimas; y participación en el abuso sexual de tres personas.
También se vincula a la sustracción y retención de menores. En el juicio se acreditó también que Castillo «fue seleccionado para realizar cursos de entrenamientos y su proceso de selección fue avalado por Miguel Etchecolatz, Ramón Camps y Bruno Trevisán».
La acusación que se leyó en el juicio también hizo referencia a la función policial de Castillo. Se estableció que las «tareas en Banfield entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977 estuvieron ligadas con el rol y el perfil asumido por el imputado durante la ultima dictadura cívico militar, un momento álgido de la denominada lucha antisubversiva».
En ese contexto, la fiscalía consideró que «durante el tiempo que permaneció cumpliendo funciones en el Pozo de Banfield, el imputado estuvo vinculado con los delitos de lesa humanidad que sufrieron las víctimas» del centro clandestino de detención lomense.
Mientras leían las imputaciones, Castillo sonreía o movía la cabeza de un lado a otro, como una forma de negar las acusaciones.
Es importante recordar que en la jornada anterior declaró Laura Treviño, hermana de Víctor Treviño, secuestrado el 11 de septiembre de 1976. “Pablo Díaz vino a hablar con mi mamá y dijo que a fines de 1976 lo vio a mi hermano, que estaba contento porque lo iban a liberar. Le quería contar eso a mi mamá. Pero no, nunca más se supo de él”, afirmó en su relato.
Se llevan realizadas 93 audiencias (comenzó el 27 de octubre de 2020) y se registraron dos inspecciones oculares durante 2022: en febrero, la medida se llevó a cabo en el centro clandestino de detención conocido como “El Infierno” de Avellaneda; mientras que en noviembre la inspección ocular fue en el Pozo de Banfield, ubicado en Vernet y Siciliano. Aún resta que se anuncie la fecha para la inspección ocular, con autoridades judiciales y sobrevivientes, en el Pozo de Quilmes.
