La defensa de CFK insiste en recusar a la jueza Capuchetti

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, reafirmaron este jueves ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de magnicidio que sufrió el primero de septiembre del 2022.

En la exposición de los abogados ante el camarista Leopoldo Bruglia desarrollaron las nuevas razones por las que buscan recusar a la magistrada en la causa por el atentado que sufrió CFK y por la que están detenidos Fernando Sabag Montiel, quien gatilló frente a la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, la persona que lo acompañó esa noche.

Ubeira definió como “incompatible” que la jueza Capuchetti continue al frente de la investigación por tener un nexo con estamentos de formación de la Policía de la Ciudad, donde está registrada como “investigadora”. En la causa es la fuerza policial porteña la que debe ejecutar diferentes procedimientos de la investigación.

“Nos parece incompatible que perciba un salario como investigadora violando el reglamento interno de la Justicia Nacional, que sólo autoriza a los jueces a ejercer la docencia en universidades”, enfatizó Ubeira. A su vez, el abogado aclaró que es una cuestión “funcional”, pero consideró que hubo “una actitud omisiva” de la Policía porteña en torno al atentado que sufrió la vicepresidenta.

Capuchetti había delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, tras rechazar la recusación afirmando que tal vínculo con la Policía de la Ciudad no afectaba a su imparcialidad ni comprometía sus decisiones en el marco de la investigación.

De todos modos, Ubeira insistió: “Nos parece incompatible que pueda investigar a la Policía de la Ciudad siendo parte de ese poder político”. Tras la audiencia de este jueves, la Cámara debe resolver si ratifica la continuidad de Capuchetti en el expediente o si dispone su apartamiento como los abogados de la vicepresidenta solicitaron.

Así también, Ubeira afirmó: “No tendremos justicia con esta mujer”. Tras sostener que la jueza Capuchetti no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.

Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon en esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.

“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, lanzó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada. “La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, indicó.

El abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que consideró que no es una actividad habilitada para jueces.

En tal sentido, Aldazabal señaló: “Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación es una violación inédita a la independencia de poderes”.

En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada “pista Milman”, que es aquella que indaga si el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) hizo referencias al atentado fallido antes de que ocurriera.

Esa pista se investigó a partir de que un asesor de un diputado oficialista relató haber oído una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un potencial ataque (posiblemente contra la vicepresidenta) antes de la noche del jueves primero de septiembre, día que ocurrió el intento de magnicidio.

Tras la aparición de esa pista fue que se produjo la ruptura de la relación entre la querella y la Capuchetti. A partir de ahí, rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, habló del ataque.

Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos. Por su parte, los abogados pretenden que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no, solo del 30 de agosto, día en el que oyeron a Milman referirse al hecho.

De tal modo, Aldazabal planteó: “Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”.

las asesoras de Milman habían declarado como testigos y negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego, una filmación de las cámaras de seguridad confirmo que si estuvieron reunidos.

“Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no, y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”, cerró el abogado Ubeira.