La directora del Agote intentó ocultar los apremios ilegales que sufrió un adolescente por parte del personal de vigilancia

“No pasaba nada”, esa fue la respuesta de la directora del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, Mónica Yurich cuando el personal civil la alertó, justamente el 24 de marzo, de que se escuchaban gritos de un adolescente en la requisa.

“No pasaba nada”, le dijo también por teléfono al médico que, más tarde, constató las lesiones del joven y la llamó para explicarle lo sucedido. Incluso fue censurado por ella, quien ese mismo día citó a otra médica de su confianza para que realizara un nuevo informe indicando que las lesiones que el adolescente presentaba eran de larga data. Así consta en la denuncia asentada el 31 de marzo pasado ante la Asesoría Tutelar de la Ciudad N° 4, a cargo de la Dra. Norma Sas, a la que Tiempo accedió de manera exclusiva.

Tal como este medio dio a conocer hace unos días, en el Agote se denunciaron apremios ilegales contra un adolescente de 17 años. La investigación se encuentra rodeada de un fuerte hermetismo. A pesar de numerosos intentos, no se logró obtener la palabra oficial del director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri, de la directora Yurich ni tampoco de la asesora tutelar, Sas. Sin embargo, algunos detalles del escrito de denuncia dan cuenta no solo del hecho de violencia en sí mismo sino de la política institucional implementada por la directora de la institución.

Una secuencia de responsabilidades

La revisación médica que originó la denuncia se llevó a cabo alrededor de las 13 horas del 24 de marzo pasado. Según consta, la enfermera señaló que las lesiones que se observaban en el cuerpo del adolescente no estaban allí cuando ingresó desde el Centro de Admisión y Derivación (CAD) ese mismo día a las 11 de la mañana.

Acorde a lo denunciado, dos testigos llamaron al equipo de salud diciendo que “habían escuchado gritos desgarradores del adolescente entre las 11 y las 13 horas, momentos en los cuales estuvo a solas con personal de seguridad”. Por este motivo, el equipo de salud asentó en los formularios correspondientes que sospechaban la existencia de vejaciones, posibles torturas y violencia institucional.

A la gravedad de los hechos hasta aquí reseñados, se le suma el pleno conocimiento de la situación por parte de la directora del Agote, Mónica Yurich, y su presunto accionar tendiente a tapar lo sucedido. Es que, conforme surge de las actuaciones obrantes ante la Asesoría Tutelar, la funcionaria tuvo conocimiento de lo sucedido al momento en que ocurrió. La directora “había estado presente en el momento en que se escucharon los gritos del adolescente debido a que el personal civil la había puesto en conocimiento de la situación aunque había expresado que no pasaba nada”. Horas más tarde, cuando el personal médico asistió a la victima y la llamó por teléfono ya que no se encontraba en el edificio, respondió con censura e incluso convocó a una médica de su confianza para que realizara un nuevo informe, contrariando las conclusiones del primero. En ese segundo informe debía constar que las lesiones tenían larga data.

“Lo que pasó el 24 de marzo dejó de manifiesto una manera sistemática de funcionar de un dispositivo que no venía funcionando de esa forma, tenía otras falencias. Mónica Yurich está (como directora) hace cuatro o cinco meses e hizo un cambio muy grande respecto a las maneras de intervenir con los pibes”, dice en conversación con Tiempo una delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del dispositivo Agote.

“Hay una clara preponderancia en la tarea de los empleados de seguridad, donde a los operadores se los corrió de un montón de instancias de acompañamiento como en el ingreso o en los cambios de sector. La presencia del personal civil garantiza que la intervención sea socioeducativa, esto pasó a un último plano”, asegura.

La delegada afirma que, no obstante, no son ciertos los dichos trascendidos a este medio por parte de otras fuentes del Agote, que afirman que los adolescentes no pueden mirar a la cara a los funcionarios y tienen que permanecer con las manos hacia atrás. “Sí hay momentos en donde, tal vez, entra algún directivo y les piden que se formen, pero esas son prácticas de la directora que está ahora particularmente, no es una política de los dispositivos penales, sí lo fue durante un tiempo y trabajamos mucho para que eso se dejara de hacer”, aseveró.

Asimismo, comentó que los adolescentes no almuerzan ni cenan con los operadores ya que es su momento de descanso y que el Agote no les incluye las comidas, lo que es motivo actual de reclamo: “solo se le garantizaba las raciones de comida a quienes cumplían guardias de 12 horas en pandemia y después se dejó de hacer”.

No a la autoevaluación

Después de la denuncia por apremios ilegales, el Director General de Responsabilidad Penal Juvenil, Nicolás Echarri (oficina de la cual depende el Agote) decidió intervenir de forma temporal la institución y se trasladó con su equipo a cumplir tareas en el lugar.

Al respecto, la delegada de ATE del Agote expresó: “nos preocupa que el director Echarri se haya instalado en el Agote después de esta situación como manera de intervenir, le venimos planteando que esa no es una intervención, no puede autoevaluarse, tiene que venir alguien de afuera que sea garante de que lo que está sucediendo ahí está (conforme) a derecho”. Asimismo, manifestó que “tienen que abrir sumarios, es la única manera de abrir una línea de investigación interna, no se resuelve con él instalado al lado de la directora que puso él, que es de de su línea política”.

Según contó la delegada, el personal médico involucrado continúa en el puesto de trabajo, aunque surge de la denuncia que el médico fue enviado a dar apoyo a los equipos de salud de otros institutos. En cuanto al personal de vigilancia denunciado, informó que no se encuentra de licencia sino que está cumpliendo tareas sin contacto con los adolescentes. “Es una práctica que utilizan en penal, si hay una situación de conflicto, corro al conflictivo (de lugar) hasta que se apacigua y después esa persona sigue haciendo de las suyas pero en otro lado, es lo que está pasando con estos tres empleados”. En este sentido, resaltó que “hay una situación de conflicto más grande que tiene que ver con las situaciones de violencia, de maltrato no solo hacia los pibes sino también hacia los trabajadores”. Y concluyó: “no puede quedar impune, tiene que haber consecuencias tanto con los empleados de seguridad como las direcciones que avalan esta manera de trabajar en particular”.