La disyuntiva del impuesto PAIS: ganarse el apoyo de las provincias o cumplir con el FMI
Caputo le había prometido al Fondo que ese tributo desaparecería a fin de año. Pero los gobernadores exigen que sea coparticipable como condición para apoyar la ley ómnibus.
El inesperado protagonismo que alcanzó el impuesto PAIS en la discusión parlamentaria de la ley ómnibus puso al gobierno en un brete de difícil solución. Si no acepta el pedido de los jefes provinciales para repartir una parte de la recaudación de ese impuesto, posiblemente vea naufragar buena parte del resto de los artículos que, en la visión del oficialismo, constituyen una herramienta indispensable para que Javier Milei pueda desarrollar su primer año de mandato.
Pero si acepta coparticipar ese tributo, el mileísmo no sólo perderá una buena cantidad de dinero que pensaba utilizar a discreción sino que incumplirá las promesas formuladas al Fondo Monetario Internacional sobre el carácter temporario de ese tributo y su proyectada desaparición a fines de 2024.
El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, introducido por Alberto Fernández a poco de asumir (cuando mandó al Congreso su propia ley de emergencias y delegación de facultades), afectaba originariamente las operaciones de compra de divisas para ahorro personal. Su alcance se fue ampliando en los últimos tiempos de su gestión. Con la llegada de Milei, se generalizó a todos los bienes y servicios importados, que pagan una alícuota de 17,5% sobre su valor.
Ese cambio en la base imponible lo tornó apetecible: el PAIS reportó al gobierno en diciembre $ 469.199 millones, 13 veces más que en el mismo mes de 2022.
Temporario
En sus encuentros con los funcionarios del FMI, con los que pactaron reanudar la asistencia financiera en los términos del programa de facilidades extendidas de 2022, el gobierno afirmó que la generalización de ese impuesto sería temporaria, con el fin de eliminar el déficit fiscal en el corto plazo, y que desaparecería a fines de año.
“Los ingresos se están movilizando a través de un aumento temporal de los impuestos a las exportaciones y del impuesto de acceso a divisas (impuesto PAIS)”, menciona la carta de intención elevada a la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, que fue suscripta por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
En el memorándum de políticas económicas y financieras (MPEF) que también fue elevado al directorio de la entidad, el gobierno también detalla que “estamos comprometidos con reformas tributarias y de gasto de mayor calidad a lo largo del tiempo”, refiriéndose a la desaparición de un impuesto que la ortodoxia económica del FMI considera contradictorio con sus objetivos de facilitar el comercio internacional.
Un tercio del ajuste
En un principio, el staff técnico del Fondo aceptó el incremento de la alícuota del impuesto PAIS, considerando que el fortalecimiento de los ingresos permitirá cubrir un tercio de los 5 puntos del PBI que los negociadores oficiales se comprometieron a mejorar. Pero siempre dejaron en claro que lo convalidaban sólo de manera provisoria.
En su informe al directorio, el chileno Rodrigo Valdés y el venezolano Luis Cubeddu dejaron en claro que las autoridades argentinas “están comprometidas a identificar las medidas necesarias para lograr el objetivo fiscal y al mismo tiempo deshacer completamente el impuesto sobre acceso a divisas para las importaciones (impuesto PAIS) y simplificación de las retenciones en origen sobre las importaciones (que expirarán a finales de 2024)”.
La pregunta es: ¿tiene sentido que se pase a coparticipar un impuesto que expirará en menos de un año? O mejor dicho: ¿las provincias aceptarán que a fin de año caduque un impuesto por el que pueden repartirse unos U$S 2000 millones al año, justo en momentos en que hay derrumbe de ingresos fiscales por la caída de la actividad y en que el gobierno federal anticipa recortes en las transferencias y el fin de la obra pública en todo el territorio?
Nuevo pacto
El panorama está tan complicado que el ministro del Interior, Guillermo Francos, de quien primero se dijo que había negociado con los mandatarios provinciales la coparticipación de ese tributo y luego fue desautorizado por el núcleo duro del gobierno, habló de un nuevo pacto entre la Nación y los 24 distritos para repartir los recursos fiscales.
“Buscaremos con los gobernadores un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables”, avisó Francos, no se sabe si con el fin de quedar bien parado o de atender reclamos de las provincias que datan de tres décadas atrás.
Una promesa similar figuraba en los considerandos del proyecto que creaba el impuesto a los Ingresos Personales (que buscaba revertir la quita de Ganancias del año pasado), aunque la iniciativa fue finalmente retirada por el Ejecutivo, junto con otras de índole fiscal, en un intento por destrabar el tratamiento de la ley ómnibus.
Además, como al pasar, el ministro de la cartera política le echó la culpa de la situación a la herencia del Frente de Todos: “Como consecuencia de las medidas que tomó el ministro Massa en la última parte de su gobierno, en campaña, que eliminó la cuarta categoría del Impuesto a las ganancias, eso les significó a las provincias una merma muy grande en la recaudación”, dijo.
Una torta de U$S 2000 millones
El impuesto PAIS ganó protagonismo en los últimos meses por su aplicación generalizada en las importaciones de bienes y servicios. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), «la recaudación del tributo en enero trepó 25,4% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubica en un máximo real». La proyección es que el PAIS recaude unos ocho billones de pesos a lo largo de 2024.
El esquema que estudian los gobernadores es que el 70% de lo cobrado siga destinado a la Anses, pero que la fracción destinada a la construcción de viviendas populares baje al 9%. De esa manera, las provincias podrían repartirse el 21%, lo que implicaría unos U$S 2000 millones de dólares por año.
La importancia para las administraciones provinciales es enorme. Como referencia, Buenos Aires (que percibe el 22% del dinero que se coparticipa) podría recibir unos U$S 450 millones anuales. La cifra triplica el tope de endeudamiento de U$S 150 millones que Axel Kicillof pidió a la Legislatura para garantizar la obra pública en el corriente año.
