La justicia rechazó los recursos de empresarios radicados en Paraguay que se niegan a pagar peaje en la Hidrovía
La Cámara falló contra las empresas mercantes que utilizan el tramo norte del río Paraná y se rehúsan al pago del peaje que determinó Argentina.
Las empresas barcarceras que transportan granos por la Hidrovía desde Paraguay se vienen resistiendo al pago de peaje que impuso Argentina y que justificó por las obras que financió argentina en el tramo norte del Paraná.
El conflicto se inició a principios de año, cuando la región atravesaba una sequía histórica y el Ministerio de Transporte argentino a cargo de Diego Giuliano implementó una tarifa de U$S1,45 por tonelada transportada a las barcazas que bajan desde Paraguay hasta los puertos del Gran Rosario
La medida generó la protesta de los empresarios y produjo cortocircuitos entre el ministro Sergio Massa y el presidente paraguayo Santi Peña, tensando las relaciones diplomáticas entre ambos países que fue en escala y puso en discusión los contratos bilaterales por Yacyretá.
Lo cierto es que los empresarios trataron de judicializar la medida en los tribunales porteños pero tuvieron el rechazo en primera instancia y ahora se pronunció en el mismo sentido la Cámara Civil y Comercial.
Un dato interesante en esta pelea es que la mayoría de los empresarios barcarceros que reclaman no pagar peajes son capitales argentinos que optaron por radicarse en Paraguay por ventajas fiscales y ahora encabezan la rebelión para no pagar.
Estas empresas argumentaron ante la Cámara Civil y Comercial que el peaje constituye un obstáculo a la navegación internacional, y por ende, viola el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná (que firmaron Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), y el Tratado de Navegación de los Ríos Paraná, Paraguay y de la Plata (entre Argentina y Paraguay).
En Primera Instancia rechazaron la acción por dos motivos. El primero porque el magistrado entendió que el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná establece expresamente un Protocolo sobre Solución de Controversias que excluye la posibilidad de promover acciones judiciales en forma directa.
El segundo argumento fue que no se planteó un reclamo administrativo previo y por lo tanto se debía agotar la instancia previa para dar lugar a la demanda judicial.
En el mismo sentido se acaba de expresar la Cámara y rechazó el planteo de los empresarios aunque difiere con el juez de primera instancia en cuanto a la posibilidad de accionar ya que considera que la vía del Acuerdo es facultativa (el reclamante puede optar por dicha vía, o por la judicial).
Diego Giuliano, ministro de Transporte
Sin embargo, confirma que, al tratarse de la impugnación de un reglamento, debió plantear un reclamo administrativo previo que no se planteó. Por lo tanto, a las empresas reclamantes se les agotó las vías judiciales.
Lo cierto es que según fuentes del Ministerio de Transporte que hablaron con LPO, señalaron que son pocos los actores que están discutiendo la factibilidad de la medida ya que desde que se constituyó el Sistema de Navegación Troncal se definió de manera multilateral el cobro de peaje norte (a los buques y barcazas que circulan de la ciudad de Santa Fe a Confluencia).
Sin embargo, desde el 2010 se decidió costo cero y el sistema se financió totalmente con el peaje que pagan los transoceánicos que ingresan a los puertos del Gran Rosario. A pesar de ello, el Estado Argentino afrontó obras de infraestructura para mejorar la navegación como la reparación de las defensas del puente Resistencia-Corrientes que hace más de una década rompió una nave paraguaya y desde entonces el tránsito de los trenes de barcazas se demoran más de 15 horas para hacer ese tramo.
Desde el Ministerio de Transporte argumentan que si las obras y el mantenimiento está en manos de Argentina, corresponde que se reciba un peaje para financiar esa infraestructura: "ahora lo que está en discusión es el monto, no su factibilidad", dijeron a LPO desde la cartera que conduce Giuliano.
