Los archivos de la dictadura uruguaya enfrentan al Gobierno con asociaciones de víctimas
Expresos políticos denuncian ante la CIDH que no fueron consultados para un proyecto de ley busca permitir el acceso universal a los archivos oficiales entre 1973 y 1985
A casi 40 años de la recuperación democrática, la opacidad que predomina sobre lo ocurrido durante la dictadura uruguaya (1973-1985), sigue avivando los recelos en la sociedad y cortocircuita las relaciones entre el oficialismo y las organizaciones de víctimas. En las últimas semanas, las desavenencias han escalado a raíz de la aprobación en una comisión del Senado de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con el fin de permitir el acceso universal a los archivos disponibles relacionados con ese periodo. “Para que se conozca toda la verdad”, insisten desde el Gobierno formado por una coalición de centroderecha. La asociación Crysol, que congrega a 7.000 expresos políticos del régimen dictatorial, discrepa con el proceder de las autoridades y denuncia que no fueron recibidos ni escuchados por los legisladores, en una nota enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de octubre.
