Los expertos de Fedea desmontan las previsiones de Escrivá en pensiones y ven un deterioro de la sostenibilidad presupuestaria

16 economistas concluyen que se dan las condiciones para activar ya el mecanismo corrector que empezará en 2025 y que conlleva ajustes

Los expertos de Fedea desmontan las previsiones de Escrivá en pensiones y ven un deterioro de la sostenibilidad presupuestaria
Pensionistas en el centro de Sevilla.

El grupo de economistas que se ha especializado en España en hacer números sobre las pensiones es bastante reducido. Hasta 16 de ellos han suscrito un estudio dirigido por Fedea que refuta las conclusiones que acaba de publicar el Ministerio de Seguridad Social en un informe que valora la sostenibilidad de la última reforma de pensiones, que liga de nuevo la revalorización de las prestaciones al IPC. Este documento del Ejecutivo se ha elaborado para justificar ante Bruselas que la reforma aprobada el año pasado mejorará la sostenibilidad del sistema de pensiones de jubilación, incluyendo las no contributivas y las de los funcionarios. Sin embargo, estos expertos afirman que “el informe dibuja un panorama optimista sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema público de pensiones tras la reforma”. Mientras que el ministerio defiende que el efecto de sus medidas es prácticamente nulo sobre el saldo presupuestario, los economistas de Fedea sostienen que se está infravalorando el impacto de las reformas sobre el déficit del sistema. Según sus cálculos, el gasto en pensiones, una vez restadas las medidas de ingresos, subirá en 1,5 puntos de PIB en promedio entre 2022 y 2050. Y excederá en 2050 los 3,5 puntos de PIB, unos 52.000 millones a fecha actual, la mitad de lo que se recauda por IRPF. En consecuencia, según sus números, debería ya activarse el mecanismo corrector que se pondrá en marcha en 2025 y que evaluará cada tres años la sostenibilidad de las pensiones. De ponerse este en marcha, la legislación ya contempla que tendrían que aprobarse nuevos aumentos de ingresos u otras medidas compensatorias de ajuste de gasto. Es decir, otra reforma. Y, de no tomarse estas medidas, aumentarían automáticamente las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores.

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