¿Quiere abrir una planta fotovoltaica en España? Ármese de paciencia y rodéese de una cohorte de abogados
El colapso en las oficinas públicas perjudica a los promotores, que se enfrentan a una gran burocracia
La semana pasada, el grupo francés Cobra anunció la puesta a punto de un importante macroproyecto verde en España. La multinacional gala hizo público un contrato de inversión con Natixis CIB y el banco Santander por una financiación de 700 millones de euros, destinados a la construcción de 21 plantas fotovoltaicas con capacidad de generar 1.231 megavatios (MW). Operaciones como esta no se cierran en una tarde. Requieren largas horas de estudio y negociaciones con potentes despachos de abogados. En el caso Natixis y Santander, los inversores han contado con los servicios de la división española del bufete Watson Farley & Williams, una firma especializada en operaciones energéticas.
Una transición verde a trompicones
La transformación energética de España es una carrera a contrarreloj. Nuestro país mantiene varios compromisos con Bruselas bajo la batuta de la agenda verde para un cambio total en diez años. Así, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que comanda Teresa Ribera, tiene como objetivo que, para el año 2025, la producción de energía renovable en el territorio español suponga el 30% del total del país. Para 2030, el Gobierno quiere ampliar dicha promesa y que la penetración renovable en el consumo total de energía sea del 48%, mientras que la generación eléctrica total venga en un 81% de fuentes renovables. Así lo recoge el último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que espera el visto bueno de la Unión.
