"Siempre la crisis económica y el aumento de desempleo se traduce en mayor violencia"
En una entrevista con LPO, el ministro de Seguridad de la provincia cuestiona a Milei y explica el desafío de conducir una policía con 100.000 efectivos en el territorio más complejo del país.
Javier Alonso recibe a LPO en el bunker de Puente 12, en La Matanza. Su despacho está montado sobre trailers desde donde se puede ver el cruce entre la Richieri y el camino de cintura. Un punto estratégico del conurbano.
Alonso asumió al frente de la cartera más caliente del gobierno bonaerense en diciembre de 2023 para continuar la gestión de Sergio Berni. A diferencia de su antecesor es más calmo para hablar, pero no menos apasionado.
Asegura que "tenemos una sociedad que resuelve con cada vez con más violencia sus conflictos" y vincula esa violencia con "un momento cultural, con una cultura política y una política del odio".
De frases directas, el ministro no esquiva cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández por lo que se hizo en materia de Seguridad. "había un trabajo del ministerio de Seguridad de la Nación de acordar con los intendentes sin pasar por nosotros", asegura.
Además, valora el trabajo de Patricia Bullrich pero le reclama a la Rosada los 1.000 millones de dólares que le cortó a la provincia. "El gobierno de Milei es un gobierno que no dialoga, que no tiene designados directores nacionales, es como un Estado que no arranca", dice.
Entiendo que el año pasaron tuvieron 737 homicidios...
No (interrumpe). Eso es 2022. En 2023 tuvimos 858.
Es decir que los homicidios aumentaron.
No. Vos tenés que pensar que 2022 fue el año más bajo de los últimos 25 años. Existe una lógica de descenso de los homicidios. Llegamos a tener en 2013 y 2014 unos 1.500 por año. Había un piso que no podíamos perforar que era el de los 900. El mejor año de María Eugenia Vidal fue en 2018, con 903 homicidios y después volvió a subir. Siempre en los años electorales es más difícil.
¿Por qué?
No sé por qué, pero cuando ves los ciclos históricos, cada vez que tenés un año donde se elige presidente y gobernador, los homicidios crecen independientemente de quien gobierne. Es una conducta estacional.
La verdad es que nosotros bajamos la cantidad de homicidios. En 2020 subieron, en 2021 bajaron a 858, en 2022 bajó a 737 y en 2023 estamos terminando de cerrar la estadística con la Procuración bonaerense.
¿Qué sería cerrar la estadística con la Procuración?
Es que existe todo un grupo de seguimiento de los homicidios en donde la policía trabaja con la Procuración. Por ejemplo existen homicidios que se producen en las cárceles federales que nosotros no conocemos. Incluso a veces investiga una fuerza federal y la Procuración se entera en febrero del año siguiente.
Pero más allá de eso, podemos decir que la violencia más lesiva se redujo en los últimos 25 años sistemáticamente con los diferentes gobiernos. Eso tuvo su pico más complicado con la salida de la convertibilidad, entre 2005 y 2006.
¿Es decir que existe un delay?
Siempre después de una situación de crisis económica violenta y de aumento de la desigualdad tenés un impacto en cuestiones de seguridad que se producen dos o tres años después.
Primero se produce la fragmentación social y el desempleo. Y a los cuatro años eso se traduce en violencia. Ese delay muestra una baja de homicidios, pero además una baja de homicidios en situación de robo. Esto en los últimos años y en los últimos gobiernos.
¿Cuál es el tipo de homicidio más común?
El 75 por ciento de los homicidios se produce entre personas que tienen una relación previa. Ya sea femicidios, problemas domésticos, ajustes de cuenta, peleas entre bandas. Existe una relación previa entre la víctima y el homicida y un problema que se resuelve con la violencia lesiva. Pero lo cierto es que el homicidio en ocasión de robo se fue reduciendo.
¿Existe un delito que más le preocupe? Ya sea porque sea nuevo o porque sea el más delicado para enfrentar.
Bueno, el delito siempre va mutando. Ahora hay menos dinero en la calle y lo que empezamos a ver son robos adentro de las viviendas. Entraderas o escruche. Esto tiene que ver con algún empleado desleal, algún familiar. Vemos situaciones de este tipo con gente que vendió un terreno, unas vacas, un auto.
Los delincuentes saben que hay dinero en las viviendas por la desconfianza con el sistema financiero y entonces se producen golpes donde se roban 20.000 o 30.000 dólares. Y esto produce un daño psicológico importante porque las familias se sientes violadas. Sienten un golpe importante en la intimidad. Nosotros estamos trabajando mucho para desarmar esas bandas.
¿Cómo son estas bandas?
Son bandas precarias, no hay demasiada logística demasiada inteligencia.
Después otro delito que nos preocupa es el juego online clandestino que está haciendo un desastre sobre todo en los jóvenes.
¿Pero el juego online es legal?
Vos tenés las plataformas legales que son más seguras porque tenés que validar identidad, ingresar tarjeta de crédito y si sos menor no podes jugar. Pero, en paralelo, hay sitios ilegales que tienen IP en Malta y que son muy difícil de bajar.
¿Y cómo operan esos sitios?
A través de Instagram y de otras redes: los pibes se contactan, les pasan usuario y transfieren dinero por Mercado Pago. Eso viene generando una adicción terrible y los pibes se endeudan muchísimo. Pero además, muchas veces esos pibes después salen a robar para poder cancelar esas deudas.
¿Qué pueden hacer ustedes con ese juego ilegal?
Primero hay que explicarle a la sociedad lo que pasa, porque es algo muy nuevo.
Muchas veces aparecen youtubers o influencers promocionando estos sitios, quizás sin saber que son ilegales.
Nosotros estamos trabajando mucho con el ministerio de Seguridad de la Nación y con Lotería de la provincia. Buscamos perseguir ese delito, buscar a quienes promueven ese juego.
Es algo que genera muchísima adicción. Los pibes están mirando un partido de fútbol y están pensando a qué apostar en lugar de estar disfrutando del partido. Cuando el árbitro recurre al VAR apuestan incluso en favor de si el gol es válido o no.
¿Qué es la violencia lesiva y qué rol ocupa hoy en los delitos?
Así como te dije que históricamente los homicidios fueron descendiendo, lo cierto es que tenemos una sociedad que resuelve con cada vez con más violencia sus conflictos. Hoy una pelea de tránsito termina con un muerto. El uso del arma de fuego es un problema.
Hay una sociedad violenta que tiene que ver con un momento cultural, con una cultura política, una política del odio. El odio se promueve desde diferentes lugares y llega a la sociedad y se traduce en más violencia en lo cotidiano. Tenemos robos más violentos, se acabaron los códigos que existieron durante años.
El uso de la violencia lesiva está además asociado a construir una identidad: ser alguien, el que manda en el barrio, tener prestigio, el "pecho caliente" como le dicen.
Y detrás de eso, el crimen organizado. Si afanás motos las tenés que reducir en un lugar. Y así empiezan a organizar otro tipo de delito. Por ejemplo la usurpación de casas y el desarrollo de un mercado ilegal de alquileres.
¿Dónde ocurre eso?
Por ejemplo, acá en La Matanza toda la zona pegada a la General Paz, tanto en Capital como en la provincia, en barrios que fueron tomas y que la gente no tiene los papeles. Una vez que sacan a las familias empiezan a alquilar las viviendas. Y la crisis de los alquileres también impactó en este delito y esos alquileres se multiplicaron por cinco y muchas familias se tuvieron que ir a vivir a otros barrios.
¿Cómo es la relación con el gobierno de Javier Milei? Porque da la sensación que no hay ningún tipo de diálogo entre los gobierno de Kicillof y de Milei, pero sí existen puentes entre Usted y Patricia Bullrich.
A ver. ¿Tenemos diferencias? Si, las tenemos. Fuimos a un balotaje con dos modelos de país diferentes, con propuestas económicas diferentes, con dos modelos de sociedad diferentes.
El gobierno de Milei es un gobierno que no dialoga, que no tiene designados directores nacionales, es como un Estado que no arranca. Un gobierno que nos recortó fondos por casi 1.000 millones de dólares. 500 millones de dólares correspondían al Fondo de Seguridad.
Existe una dinámica muy dura en el sentido de asfixiar a las provincias desentendiéndose de los problemas de los ciudadanos y pensando que la presidencia tiene que ver con ordenar la macroenconomía. Que está claro que fue un mandato de la gente resolver la inflación, pero bueno, ¿a qué costo?
Sin embargo en materia de seguridad nosotros no podemos resolver esto solos. La droga recorre 1.500 kilómetros para entrar a la provincia. Yo no puedo no hablar con el ministerio de Seguridad de Nación. Y hay una ministra de Seguridad dispuesta a hablar con nosotros, algo que por ahí no pasa con otros ministerios de Nación.
Trabajamos con Patricia como trabajamos con la Procuración de la Nación, con jueces y fiscales federales, con la Procuración bonaerense y con los 135 intendentes. Trabajamos en una policía descentralizada y buscamos que existan 135 planes de seguridad que se lleven adelante y que estén coordinados con Nación y con la Justicia.
¿Se puede decir que existe mejor sintonía con Patricia que la que hubo con Sabina Frederic y Aníbal Fernández?
Bueno, yo no era ministro en ese momento.
¿Y entonces?
Yo lo que te puedo decir es que quien era ministro en la gestión anterior discutió mucho por la presencia de las fuerzas federales en la provincia. Y había un trabajo del ministerio de Seguridad de la Nación de acordar con los intendentes sin pasar por nosotros.
Pero bueno, lo que nosotros tenemos que coordinar son mesas Inteligencia Criminal porque acá lo que ordena la violencia son las organizaciones criminales. El crimen está organizado y el Estado no puede estar sin hablarse. Eso es lo que reclamó Sergio Berni en su momento y es lo que estamos haciendo nosotros ahora.
Entonces la sintonía con Patricia es buena.
Para que haya más sintonía nos gustaría que nos trasfieran los fondos que no son arbitrarios sino que están aprobados por una ley del Congreso y que el Presidente, amparándose en un decreto, dejó de transferir a la provincia.
Y en ese marco de esa sintonía con Bullrich se trabajó en un acuerdo de cooperación con Santa Fe.
Así es. Nosotros estamos yendo a hacer allanamientos a Santa Fe tres o cuatro veces por mes. A Santa Fe o a Formosa o a Misiones porque encontramos drogas acá que viene de otro lado y ubicás datos del proveedor en otras provincias.
¿Pero eso es a pedido de la Justicia?
No. Son investigaciones que hacemos nosotros. Encontramos droga, secuestramos los teléfonos. Esto es el cambio cualitativo que empezamos a hacer nosotros y ahora estamos profundizando. Nada se resuelve metiendo preso a los dealers del bunker porque metes presos a 1.000 vendedores de droga y a la semana tenés 100.000 pibes queriendo vender esa droga. Lamentablemente la situación es esa. Es un negocio muy rentable.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poder tratar de obstaculizar el trabajo de esa banda. Tenemos que llegar a quien provee droga, adonde se lava el dinero, a la célula que opera ahí. Pero para todo eso necesitas inteligencia criminal.
Dejame darte un ejemplo: estuvimos en San Nicolás, donde se creó una base de la UTOI y se firmó un convenio por el que San Nicolás vuelve a IOMA. ¿Qué pidió el intendente? Que los municipales se puedan atender en clínicas de Rosario. Esto quiere decir que existen zonas integradas de circuitos económicos, culturales, familiares. Los pibes de San Nicolás van a estudiar a Rosario.
Bueno, lo mismo pasa con el delito. Existe un circuito económico que por más que haya una línea divisora provincial esa interacción fluye. Tenemos bandas de Buenos Aires que comente delitos y homicidios en Rosario y tenemos bandas de Rosario que venden droga y cometen homicidios en Buenos Aires.
¿Y cómo se comenzó a trabajar con Santa Fe?
Con Pullarlo comencé a hablar en enero. Nosotros veíamos que esto iba a pasar
Ahí encontramos una situación donde él nos manifiesta que no tenía patrulleros y tiempo después se producen los cobardes homicidios de esas cuatro personas.
Entonces la dinámica y la proximidad nos decía que eso podía pasar de nuestro lado también. Entonces, que frente a una política que parece deshumanizar la realidad y un apogeo de la crueldad donde parece que da lo mismo si la gente puede comer o no, si tiene trabajo o no. Entonces hay que poner sobre la mesa esta cuestión: matan a cuatro personas que no tenían nada que ver con nada.
Nosotros tenemos una mesa de Inteligencia Criminal entre Buenos Aires, Santa Fe y el gobierno nacional donde discutimos los procesos de las cosas. Ahí quedó claro que ellos no podían controlar porque ni Nación, ni Santa Fe tenían patrulleros.
Hay una mezcla de solidaridad, de sensibilidad, pero también es cierto que hay una lógica de defensa propia. Es importante de frenar eso antes de que crezca y llegue a la provincia. Así fue como le dimos en comodato 80 patrulleros por 90 días. Pero lo más relevante es que hacemos inteligencia criminal con los líderes que están aislados en la cárcel.
Ustedes tuvieron una rebelión que terminó en la Quinta de Olivos. ¿Es similar a lo que sucede en Misiones?
Yo no puedo hablar del conflicto de Misiones porque no conozco la situación. Preferiría no opinar. Yo te puedo contar lo que nos pasó a nosotros. Fue un grupo en La Matanza, Florencio Varela, Olivos, La Plata y Mar del Plata. Eran unas 3.000 personas, más los retirados, en una fuerza de 100.000 efectivos.
De fondo había una discusión salarial.
Cuando nosotros llegamos, la policía bonaerense a la que Vidal le había prometido que iba a tener los salarios de la Metropolitana era sector público que menos poder adquisitivo tenía. La policía ganaba menos que los docentes y la administración pública. Tuvimos que recuperar ese salario.
Se hizo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y equiparamos el sueldo de la policía con el resto de la administración pública. Hoy la policía de la provincia está en una situación distinta. El salario de un oficial está 15 puntos arriba que un agente de la Federal.
Unos 57.000 policías están por sobre los sueldos de la Federal. Puede ser coyuntural, pero lo que digo es que en términos relativos los salarios están equiparados. Nosotros tenemos una política salarial donde mes a mes acumulamos 59% de aumento salarial.
¿Es posible algún tipo de sindicalización de la policía?
Vos sabés que la policía no se puede agremiar. Así lo establece el pacto de San José de Costa Rica. En Argentina hubo un intento de sindicalización que llegó a la Corte Suprema y que determinó en dos fallos en contra de esta sindicalización.
Esto se maneja entonces con la conducción de la policía, con la responsabilidad de los jefes sobre sus subordinados y con las diferentes áreas del ministerio sobre la policía.
Por supuesto que tenemos una situación estructural en la provincia que no nos permite pagar los salarios que quisiéramos.
Históricamente, la policía bonaerense reclama equiparar su salario con la policía de la Ciudad. ¿Eso es imposible?
Vidal en campaña les prometió a la policía bonaerense, y se ganó el apoyo de los efectivos por eso, que les iba a equiparar el salario con la Metropolitana. No cumplió nada de todo eso. Incluso les bajó el sueldo.
¿Por qué si a la provincia le sacaron un punto de coparticipación que era destinado a la policía, la fuerza ahora no tiene menos recursos?
Eso era un fondo para seguridad que se usaba para muchos aspectos de seguridad. Podes hablar con los intendentes: nosotros durante dos años entregamos fondos de fortalecimiento para seguridad a cada uno de los intendentes de todos los signos políticos.
Así se construyeron los centros de monitoreo, se pusieron cámaras en los municipios, se compró logística. A su vez nos permitió contar con patrulleros nuevos, chalecos para todos los policías, armas en condiciones, logramos que puedan tener 20 tiros de práctica por mes, arreglar comisarias. No es sólo una cuestión de salarios.
Durante años los intendentes pelearon por la Policía Local. Sin embargo, esta gestión propuso la UTOI que es una fuerza de elite centralizada, ya ni siquiera en un comisario, sino en las directivas de un ministro. Es todo lo contrario a lo que querían los intendentes ¿Es una lectura correcta la que hago?
Más o menos. Nosotros lo que hicimos fue organizar un sistema que era un desquicio.
Lo primero fue ordenar lo policial y reconstruir la cadena de mando. En cada municipio las comisarías dependían de un jefe que estaba muchas veces en otro municipio. Los comando de patrulla dependía de un jefe de distrito que estaba en otra ciudad. La Comisaría de la Mujer dependía de una general que estaba en La Plata. Era un desastre todo.
Lo que hicimos fue ordenar y poner un jefe de policía en cada municipio. Y todos los elementos de prevención como comisarias, policía local, comandos de patrulla Comisarías de la Mujer, todos dependen de ese jefe departamental.
Eso nos permite que ese jefe departamental se reúna con nosotros y planifique una estrategia. Antes el intendente manejaba la Policía Local y ahora tiene que coordinar con todos los elementos policiales. Por eso dejaron de reclamar la Local.
¿Cómo trabaja la UTOI?
Empezó con 600 efectivos y pasó a tener 3.000. Hoy en la Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) cuentan con 9.000 efectivos pero 5.000 están en las bases de aproximación que están en cada municipio y coordinan con el jefe de policía municipal. Estas fuerzas tienen una disciplina y un entrenamiento muy superior a las policías locales.
El problema es que siempre nos comparan con la policía de la Ciudad. La Ciudad tiene dos policías por esquina y yo tengo uno cada 80 manzanas. No puedo trabajar de la misma manera. Si duplico la cantidad de policías pasando de 100.000 a 200.000 tendría un policía cada 40 manzana. Esto nos obliga a trabajar de otra manera.
Entonces la UTOI es nuestra base de reserva. Son 3.000 tipos que son los que tenemos para operar donde hace falta. Son los que están haciendo los allanamientos en los lugares más complicados y los que ingresan a un barrio tomado por el narcomenudeo.
¿Cómo lo hacen?
Ellos se instalan. Abren el barrio y se quedan instalados ahí. Una vez que se pacificó se corren e ingresan los policías de Fuerza Buenos Aires del municipio.
La UTOI es una reserva que va saturando cuando hay un evento que nos rompe el equilibrio en un municipio. Tenemos efectivos que pueden ir a cubrir diferentes situaciones.
¿La idea es sumar más efectivos de la UTOI?
Tenemos que ir buscando un equilibrio. Este año abrimos la base en San Nicolás y vamos abrir otra en Bahía Blanca y otra en Olavarría. Eso nos permite tener una capacidad de reserva para cubrir las necesidades en diferentes regiones.
El año pasado fallecieron seis policías durante actos de servicios, pero se suicidaron 36. Hay periodistas siguiendo muy de cerca este tema. ¿Qué está ocurriendo?
Es algo que nos preocupa. Nosotros estamos estudiando el tema para poder comprenderlo. La decisión de una persona de suicidarse no es algo que podamos analizar como analizamos el resto de la Seguridad y tiene que ver con situaciones muy complejas salud mental y de inteligencia emocional.
Nosotros tenemos un programa de casos críticos que funciona desde el año pasado y que ahora estamos institucionalizando. Diferentes jefes de diferentes dependencia deben avisar cada vez que se detecta una situación que puede ser potencialmente un problema.
Hay un equipo que entrevista gente y los deriva a la asistencia profesional correspondiente. Armamos una mesa de trabajado con IOMA. Estamos sumando psiquiatras y psicólogos.
Los suicidios crecieron en toda la sociedad en especial después de la pandemia. Creció la violencia y crecieron los suicidios. Estadísticamente en las fuerzas de seguridad, debido al acceso al arma, los sucedidos se multiplican por tres o por cuatro. Estamos trabajando mucho con eso y estamos trabajando con las carpetas psiquiátricas.
También existe presión por parte de los intendentes. Habrás oído esto de que en los municipios sacan la carpeta psiquiátrica para faltar al trabajo. Nosotros estamos alertando que existen estos niveles de suicidios.
Creemos que la decisión de matarse de una persona tiene que ver con cuestiones emocionales, con crisis muy subjetivas. Seguramente las condiciones de trabajo, la presión, el estrés de la policía debe ser un factor que se suma.
¿No existe en los últimos años una sobre exigencia a la policía en función de cumplir cierto objetivos?
Mira, quitarse la vida es una situación... hay recursos como una carpeta psiquiátrica. Creo que es una situación compleja que la estamos tomando muy en serio. Estamos estudiando el tema. Queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance. Ya te digo, hay un fenómeno social que creció, no sólo en la policía, sino en la sociedad en general.
Después existe una utilización de esta realidad para otra cosa por parte de algunas voces críticas. Nosotros queremos ser cuidadosos y profesionales. Y pronto vamos a publicar una resolución con un programa que estamos armando.
Pero además, vos hablás con los intendentes de estos temas. Ellos juntan un montón de aspirantes y de cada 10 que ellos traen sólo pasan dos. Eso tiene que ver con la evaluación psicológica que hacemos. Somos muy exigentes con eso. Porque la subjetividad de la gente no la vamos a resolver nosotros en la Escuela de Policía.
En el Senado de la provincia Berni trabaja en un proyecto de reforma de la Policía bonaerense. ¿Cuál es el eje de esa reforma?
Nosotros redactamos un proyecto de ley en la gestión anterior que tiene que ver con una reforma en la Ley de Personal de la Policía. La ley vigente quedó muy vieja y existen muchas cuestiones a resolver como agilizar la cuestión de los recursos humanos y entender este sistema de seguridad nuevo.
¿Hay consenso para esa ley? Entiendo que Berni se quejó porque el proyecto no avanza.
Hay una cuestión para nosotros crítica que es a que objeta una parte del sistema policial que tiene que ver con la participación de los policías retirados en las secretarías de Seguridad de los municipios. A veces hay un jefe departamental que se retira y es reemplazado por un subordinado. Pero a esa persona los intendentes la designan como secretario de Seguridad municipal, en un lugar más bajo del que tenía. Entonces se altera la conducción natural de la policía y se confunden las cosas. Para nosotros lo más sano es que el personal retirado no ocupe lugares en las secretarías de Seguridad de los municipios.
Pero a su vez estamos promoviendo otra ley importante y que tiene que ver con crear una procuraduría del crimen organizado: un procurador que maneje la provincia de Buenos Aires como una jurisdicción única y que persiga a las organizaciones criminales.
¿Cómo sería eso?
Hoy, si una banda comete cinco hechos delictivos, puede ser que haya cinco fiscales diferentes que investiguen cada hecho de manera individual. Nosotros lo que tenemos que lograr es que cuando Inteligencia demuestra que esos hechos fueron realizados por la misma banda sea un único fiscal quien tome esos casos y avance con una estrategia de persecución y no de esclarecimiento individual.
¿Esa nueva procuración estaría dentro Estaría dentro del Ministerio Público?
Claro, sería crear una procuraduría dentro de la Procuración General y por eso hace falta una ley.
Días atrás vimos un camión de la UTOI resguardando una movilización social Eduardo Belliboni.
No, eso fue una impetración maliciosa de una imagen. Esa imagen puede parecer una cosa pero en realidad es otra. Nosotros sabíamos que habían cortado en Puente Saavedra y se suponía que desde allí iban a marchar hacia Olivos. Sin embargo, hubo 15 veces más gente de lo previsto que fueron llegando desde diferentes calles.
Ellos reorganizaron su estrategia y nos sorprendieron a nosotros y a la Federal. En eso había un camión de la UTOI que buscó adelantarse y quedó en el medio. De acuerdo a como edites la imagen es cómo se presentan las cosas.
¿Qué visión tiene como ministro de Seguridad del protocolo antipiquete de Patricia?
Es una decisión el gobierno nacional. Nosotros tenemos nuestro protocolo. Yo creo que Bullrich crea un protocolo para resolver un problema que tiene y no opinamos sobre eso.
Un problema acotado al centro porteño.
Claro, que tiene que ver con el caos de la 9 de Julio. Nosotros en la provincia cuando tenemos un corte aplicamos nuestro protocolo que es ir, hablar con la gente, pedirles que se corran, darles un tiempo, hablar con el fiscal y si el fiscal pide que haya desalojo, desalojamos. Pero entendemos que la gente tiene derecho a protestar.
