Juicio Político: los nuevos testigos que pidió el oficialismo

Como es habitual en las reuniones de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo realizó en el comienzo un pedido de ampliación de prueba, solicitando una serie de nuevos testigos en la causa. Y como suele suceder, fue el diputado Rodolfo Tailhade el encargado de hacer tal solicitud.

Pero en esta oportunidad la oposición hizo un planteo que logró imponer, para que esos pedidos no sean votados de manera intempestiva, sino que puedan conocer bien de qué se trata y votar los temas en la semana siguiente. El logro, aclaremos, fue a medias.

Tailhade pidió que sean citados como testigos, por la causa que tiene que ver con la Obra Social del Poder Judicial, los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez. Como así también los funcionarios judiciales María Betina Bonuccelli, subsecretaria administrativa de la vocalía del doctor Juan Carlos Maqueda, y Andrés Sacchi, director general de Sistemas de la Corte Suprema.

También como testigos, pero por la causa 2×1, Jorge Auat, extitular de la Procuradoría de Lesa Humanidad entre 2013 y 2017, hoy jubilado; y el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj.

Asimismo solicitó librar oficio a la Corte para enviar una serie de oficios y expedientes referidos a la obra social y otras cuestiones. En el marco de la diversidad de solicitudes, Tailhade precisó en un momento que esos requerimientos tenían que ver con las denuncias contra el doctor Carlos Rosenkrantz relacionados con su intervención en cuestiones de sus exclientes.

Tras ello, Juan Manuel López, vicepresidente de la comisión, planteó que se les pedía votar por algo que recién ahora estaban conociendo. “Yo no sé qué está pidiendo el diputado”, remarcó, aclarando que ese sistema no les permitía evaluar si las citaciones que debían votar eran o no pertinentes. “No sé si es prueba o no”, dijo y advirtió con ironía que deberían alquilar un galpón para guardar tal cantidad de material que estaban acumulando.

“No voy a acompañar un pedido de prueba que no puedo conocer”, señaló, anticipando que se abstendrían de votar ese tipo de pruebas.

La diputada Paula Oliveto planteó que lo conveniente sería anunciar los pedidos y someterlos a votación la semana siguiente. “Para ordenarnos”, aclaró, destacando que de lo contrario no podían fundamentar su posición. “Todas las disposiciones tienen que tener una motivación”, señaló, anticipando que en su caso querían citar al secretario Legal y Técnico de Héctor Daniel Marchi, secretario general de Administración de la Corte, pero lo fundamentaban por escrito.

Mientras la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, insistió en la necesidad de votar ese mismo día, su compañera de bloque Vanesa Siley aclaró que el abogado Sebastián Clerici, a quien la diputada Oliveto se había referido, ya había sido citado como testigo y su comparencia aprobada la semana anterior, “porque es uno de los que auditó a la obra social”. Con todo, aclaró que la de Oliveto no le parecía una propuesta errada.

“Me parece bien que se pueda a viva voz hacer alusión a qué se refiere la comparencia de los testigos”, aceptó, aunque precisó que en esos casos se podía aclarar sobre cada caso y postergar en cambio la votación sobre la prueba informativa.

Oliveto aclaró que en el caso del testimonio de Clerici, excedía el tema de la obra social y tenía que ver en cambio con su rol de director jurídico de la Secretaría de Administración de la Corte.

Luego de que Tailhade aclarara por qué se citaba a cada testigo, se aprobaron las citaciones,  pronunciándose en contra de las de Auat y Avruj los diputados de Juntos por el Cambio. “Me parece que el caso 2×1 está agotado, es suficiente con lo que tenemos y nos oponemos a seguir citando testigos por este tema”, planteó Juan Manuel López.

Carolina Gaillard le contestó que siempre habían hablado de que se debían una “audiencia remanente”.