Las urnas y un derecho olvidado: el de la alimentación
El campo argentino produce el 70% de los alimentos que consume la población.
El 16 de octubre se conmemoró el día de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Este concepto, acuñado por la Vía Campesina en Roma en el año 1996, es un derecho de los pueblos a definir sus propias estrategias en materia de alimentación, tanto en el ámbito productivo, como en la distribución y el consumo de alimentos.
Nuestra organización, la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (FECOFE) integra lo que se conoce como la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), junto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), la Federación de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar (FONAF) y Bases Federadas.
Por sus genes, la MAA se autodefine como «El Otro Campo». Nos referimos al campo de pequeñas extensiones de territorio, donde se produce y se vive. El campo de la Agricultura Familiar (AF) que comprende una heterogeneidad de actores e identidades: campesinas y campesinos, chacareras y chacareros, comunidades de pueblos originarios, pescadores artesanales, trabajadoras y trabajadores rurales sin tierra, colonos, agricultoras y agricultores familiares –muchos de ellos asociados en cooperativas– productores y productoras minifundistas, artesanas y artesanos, agricultoras y agricultores periurbanos, entre otros.
El campo que ha sido reconocido por la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) como “el principal proveedor de alimentos de la población argentina, por aportar aproximadamente el 70% de la dieta diaria de consumo de alimentos”. Además, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) destacó que el año 2022 concluyó con 76.869 las unidades productivas de la agricultura familiar inscriptas en todo el país.
A nivel continental, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha afirmado que la Agricultura Familiar representa más del 80% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe, más del 60% del total de la producción alimentaria y de la superficie agropecuaria, y el 70% del empleo agrícola. Las cifras confirman algo que venimos sosteniendo hace tiempo: somos muchos quienes producimos con el compromiso y respeto que el pueblo y nuestra tierra se merecen.
El contraste de lo que representamos esta lo que propone la agricultura extractiva. Es un fenómeno de características devastadoras donde confluyen situaciones de desarraigo, expulsión, agresión al estado natural del ambiente a través del desmonte o prácticas sin sustentabilidad, y que encima plantea el corrimiento de la frontera agrícola como excusa para un mayor volumen de producto, pero sin medir ninguna de las consecuencias negativas sobre poblaciones rurales.
Este aumento del volumen indiscriminado en la producción impacta en la forma de uso de la tierra y deja enormes pasivos ambientales, tales como los denunciados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desde su Instituto de Suelos de Castelar, que contabiliza el deterioro anual de 200.000 hectáreas.
De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2018), Argentina ocupa 279 millones de hectáreas, de las cuales 267 millones son tierras rurales, 169 millones se destinan a usos agropecuarios o forestales y en 155 millones existen explotaciones agropecuarias. Ahora bien, de ellas, 36 millones de hectáreas se encontraban en 2018 cultivadas con cereales u oleaginosas cuyo destino fue el mercado externo. La soja ocupaba casi 13 millones de hectáreas, mientras que las frutas y hortalizas con las que se alimenta la población, apenas superaban las 600 mil hectáreas.
En ese contexto la Mesa Agroalimentaria Argentina, “El otro campo”, viene generando hechos políticos trascendentales por su grado de movilización, de visibilización del problema en los territorios y de acciones conducentes a la Soberanía Alimentaria. En septiembre de 2022 presentó en el Congreso Nacional cinco proyectos de ley con los ejes de su posicionamiento político, que apuntan a la protección de los territorios, el acceso, uso y tenencia de la tierra, la transición agroecológica, el financiamiento de los sistemas de producción sustentable y el rediseño de las políticas impositivas. Otras propuestas para el ámbito legislativo son centrales para la otra agricultura, como debatir una nueva Ley de Semillas.
También tenemos otros desafíos: resulta central recomponer en ámbitos urbanos la mirada sobre la producción, comercialización y consumo de alimentos. Es también la sociedad consumidora de alimentos la responsable directa del cambio. Nuestro deber es el de mostrar con hechos que hay una alternativa soberana, sana y saludable de alimentarse. Por su parte, la clase política también tiene tareas por hacer. El Estado debe rediseñarse en función de garantizar un derecho fundamental: el de la alimentación. Pero para eso, la revisión de normas como la de entidades financieras, o la ley federal de carnes, por citar algunas, que actúan fortaleciendo los procesos de concentración a la vez que entorpecen las posibilidades de desarrollo territorial con agregado de valor en generación de empleo y arraigo en poblaciones rurales, deben reverse. Es necesario. Es urgente.
*El autor es Ingeniero Agrónomo, productor agropecuario, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE).
