Una misa en la ex Esma para resistir el cierre del Centro Cultural Conti

El Padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de Caacupé de la Villa 21-24, ofició una misa en respaldo al reclamo de los trabajadores contra el cierre del centro anunciado por el Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, al menos para el mes de enero. Antesala del festival cultural del sábado.

Una misa en la ex Esma para resistir el cierre del Centro Cultural Conti

Contra el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti anunciado por el Gobierno nacional, y en la antesala del festival que realizarán este sábado, el Padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de Caacupé de la Villa 21-24, ofició una misa junto a los trabajadores en el ingreso al centro, ubicado en el Espacio de Memoria Ex Esma.

La misa es parte de las protestas que se iniciaron el martes cuando el secretario de Derechos Humanos,  Alberto Baños, anunció por WhatsApp a los trabajadores el cierre del Conti por el mes de enero y los notificó de que no debían concurrir a su lugar de trabajo hasta nuevo aviso por una «reestructuración». Asimismo, el mensaje detallaba que las y los trabajadores quedaban en “guardia pasiva” y que no debían presentarse a trabajar a partir del 2 de enero.

La misa de este mediodía es continuidad de las medidas que llevan adelante los trabajadores que resolvieron convocar para este sábado a las 18 a un festival en el Centro Cultural Conti con  la consigna “Una memoria que ARDE, El Conti en guardia”.

La convocatoria se difundió luego de una masiva asamblea realizada en la sede de la Secretaría en el Espacio Memoria ex ESMA en la que participaron trabajadores de todas las áreas así como referentes de derechos humanos y sindicales. 

En el contexto de esa asamblea, ATE denunció que a lo largo de 2024 el Centro Cultural Haroldo Conti funcionó sin presupuesto, y que la programación de actividades fue realizada por los propios trabajadores sin una dirección por parte de la Secretaría de Derechos Humanos.

En la Secretaría de Derechos Humanos, en la que trabajan unas 800 personas, el ajuste involucra a más de 600 personas. 

Por otra parte, los trabajadores y organismos de derechos humanos denunciaron el jueves que un grupo de policías que hace tareas de seguridad en el predio fue el encargado de recibir con un listado en la puerta de la Secretaría y filtrar el ingreso con una lista de quienes no podían pasar. La lista contenía unos mil nombres.