La Fraternidad exige conocer el destino de U$S 1,4 mil millones asignados por el Ejecutivo por la “emergencia ferroviaria”

El 13 de junio de 2024 el gobierno nacional con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete publicaron el DNU 525/24 de “emergencia pública en materia ferroviaria”. Allí, en sus fundamentos, el ejecutivo recordó que “mediante la Ley N° 27.132 se declararon de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”.

Para eso, la ley aprobada en 2018 se proponía “la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario”.

En el decreto el gobierno agregaba que “en el transporte ferroviario de pasajeros, la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios” y que “resulta fundamental orientar el destino de los fondos públicos hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad, que únicamente puede lograrse a través del rigorismo en la imputación presupuestaria que debe ser focalizada exclusivamente en la seguridad operativa”.

Para eso, el mismo decreto declaraba la emergencia ferroviaria por un período de 24 meses desde la fecha de publicación del DNU y asignaba una partida extraordinaria de $1.293.780.000.000 ($ 1,2 billones) para financiar las obras urgentes. Se trata de un valor equivalente a U$S 1,4 mil millones al tipo de cambio del momento.

El sindicato La Fraternidad que representa a los trabajadores maquinistas emitió un comunicado exigiendo información sobre el destino de esos fondos que, aseguran, no se verifica en una mejora del servicio sino en un franco deterioro.

Allí, la organización conducida por Omar Maturano, denunció que aquel decreto enunciaba que buscaba salvaguardar «el bien común y los derechos constitucionales de los usuarios del sistema ferroviario» pero que “lamentablemente el resultado de esa anunciada inversión o nueva asignación de fondos para cumplir con lo establecido en la norma es una disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad y sin que se vislumbre una mejora en el sistema ferroviario”.

A la vez, sostienen, “en cuanto a los servicios de carga lo deplorable de la prestación de servicios no admite un análisis serio, atento a su promedio de tres descarrilamientos diarios”.

Por eso, preguntan, “¿A dónde fueron a parar los fondos asignados al proyecto?”

El gremio pronostica que “de persistir el rumbo, ese tren que lo lleva todos los días a su trabajo circulará una vez cada hora, por falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales” y augura su “desaparición”.

Desde el sindicato no confirmaron a Tiempo si la denuncia fue radicada en sede judicial o si se formalizó ante algún organismo oficial.