Con dos testigos, la Comisión de Juicio Político reanuda su actividad
Se reunirá desde las 11 para comenzar con el tratamiento de la causal "coparticipación". Se espera recibir un informe del juez Maqueda.
Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.
Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.
Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.
En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema.
En un primer momento también estaba programado que vinieran los fiscales de Estado de Catamarca y Santiago del Estero, pero finalmente no será este jueves.
El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.
Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.
