Familiares piden que se investigue el presunto rol de Vicente Massot en un crimen de la última dictadura

El 1 de julio de 1976, un grupo de tareas entra a la fuerza a la casa de Enrique Heinrich mientras él duerme con su familia. Con el ruido de los golpes a la puerta despiertan a todos, a Enrique, a su esposa y a los cinco niños y niñas. Los encapuchados toman al padre, lo suben a un auto y se lo llevan sin dar explicaciones. Días más tarde, aparece el cuerpo de Heinrich, junto con su compañero de trabajo, Miguel Ángel Loyola, acribillado en La Cueva de los Leones, un descampado al costado de la ruta 33 que pasa por Bahía Blanca.

Heinrich y Loyola eran operarios de la imprenta de La Nueva Provincia (LNP), un medio de comunicación bahiense que tenía influencia en la región y pertenecía a la familia Massot. Ambos eran representantes gremiales en su lugar de trabajo y atravesaban un escenario de conflicto con los empleadores por la crisis económica de entonces. El directivo de la empresa, encargado del vínculo con el personal, era Vicente Massot.

Tiempo después, en los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura, el General a cargo del Quinto Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca, Acdel Vilas, reconoció el rol de La Nueva Provincia en “la aniquilación de la subversión”. El diario cumplió, en coordinación con el gobierno de facto, lo que Vilas denominó “guerra psicológica” para legitimar el accionar represivo. La Armada y los directivos de LNP tenían un excelente vínculo, que incluía servicio de seguridad en la empresa y favores personales.

En mayo de este año, el juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, sobreseyó a Vicente Massot, cuya familia era dueña del diario La Nueva Provincia, en la causa que investiga su participación en el homicidio de los operarios gráficos. Sin embargo, la fiscalía y la hija de Heinrich, Roxana Heinrich, apelaron su decisión. Ambas partes consideran que Massot debe ser juzgado en un juicio oral y público. Además, hasta el momento, Roxana no pudo declarar en la causa. Samanta Pedrozo, quien la patrocina y pertenece a la Asociación Civil Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, cuenta en esta entrevista sobre el estado del proceso.

-Muchas de las víctimas de la dictadura fueron integrantes de las comisiones internas y delegados de base de las empresas…

-Sí, es el caso de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ellos trabajaban desde finales de los años ‘60 en los talleres del diario La Nueva Provincia y eran integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Se reconocían públicamente peronistas y, entre 1975 y 1976, encabezaron numerosos reclamos laborales por el cumplimiento de los convenios colectivos, por aumentos salariales y por mejoras en las condiciones de trabajo. Como referentes gremiales, tuvieron numerosos encuentros con Massot, quien era el encargado del vínculo con el personal de la empresa. Eso está probado en actas notariales firmadas por escribano.

-El ex almirante Jorge Isaac Anaya, integrante de la Junta Militar, en una entrevista que  realizó el periodista Abel Escudero Zadrayec, dijo: “Tengo mi corazoncito en La Nueva Provincia: su relación con la Armada es muy estrecha” ¿Cómo se vincula esto con Heinrich y Loyola?

-Semanas antes de los asesinatos, Heinrich y otro compañero de trabajo habían sido citados en las oficinas del ejército y advertidos: “Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura”. Sin embargo, no dimensionaron el peligro que corrían. Atravesaban conflictos de índole laboral y gremial con la empresa. Para el diario, los delegados se habían constituido en un “soviet”. La noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1976, Loyola y Heinrich, respectivamente, fueron secuestrados de sus casas en autos militares. Luego, el 4 de julio se los encontró muertos, acribillados a tiros, en La Cueva de los Leones. Esos homicidios hoy son investigados en el marco del genocidio que perpetraron la Fuerzas Armadas en complicidad con la sociedad civil y, en este caso, con La Nueva Provincia.

-¿Cómo se vincula este caso con Vicente Massot? Él tenía 24 años cuando asesinaron a los operarios…

-A Massot se lo imputó junto con su hermano y su madre, por varias razones. Por un lado, la fiscalía consideró que participaron de forma directa y personal, a través de los medios de comunicación de su propiedad, en los operativos de acción psicológica para legitimar el plan criminal de la dictadura. Por otro lado, también se los acusó de haber sido coautores del homicidio de Enrique Heinrich y Angel Loyola. A pesar de que Vicente era jóven, no sólo era directivo de la empresa familiar sino que además tomaba decisiones importantes. Él se reunía con los representantes gremiales en los conflictos. En esas reuniones, muchas veces también participaba personal de las fuerzas de seguridad. Existen actas notariales firmadas ante escribano que prueban esto.

-Esta causa comenzó luego de que en el 2003 se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ¿Cómo fue la reconstrucción de los hechos?

-En los Juicios, el general Acdel Vilas relató cómo era la participación de La Nueva Provincia durante el gobierno de facto, mientras él era General de Quinto Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca. Vilas reconoció que LNP había realizado “acciones psicológicas”, coordinadas con la Armada, sobre la población, para alentar la “lucha” contra los que denominaba “subversivos” y ocultar los crímenes que el Estado cometía. El diario difundía el discurso oficial de las FFAA en sus editoriales y propagaba noticias falsas. La fiscalía realizó una investigación profunda sobre las publicaciones de LNP y probó lo afirmado por Vilas. A partir de esto, se abrió una investigación por las responsabilidades de los directivos  de la empresa de comunicación, también por los homicidios que nunca se habían esclarecidos.

-La investigación aún no llegó a Juicio Oral, ¿cuál es la situación procesal en este momento?

-En mayo, el juez federal Walter López Da Silva dictó el sobreseimiento de Vicente Massot. Según él, no se acreditó la vinculación de Massot con los asesinatos. Sin embargo, tanto para la fiscalía como para nosotras, los argumentos del juez son insuficientes y desconocen la prueba aportada. Por esta razón, apelamos y esperamos que la Cámara revea la decisión de López Da Silva. Nosotros consideramos que, por la complejidad de este delito, debe ser tratado en juicio oral, hasta ahora sólo estuvo en la etapa de instrucción. Además, a pesar de que esta causa se inició hace mucho tiempo, todavía no se escuchó a las víctimas. Roxana Heinrich se presentó el año pasado. No pudo hacerlo antes por lo que significaba para ella en lo personal y porque desconocía jurídicamente su derecho. Recién con el acompañamiento de HIJOS pudo ser parte del proceso. Ella quiere saber la verdad de lo sucedido y que se haga justicia. Solicitamos por eso, que pueda declarar de forma oral y pública. Estamos a la espera de que la Cámara responda los recursos que presentamos.