La comunidad Mbya-guaraní reclama el reconocimiento del territorio ancestral y derechos básicos
El reclamo de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en algún momento deberá dictar su fallo. Denuncian que habitan hace 40 años sin ser reconocidos por el Estado misionero.
La comunidad Mbya-guaraní reclama el reconocimiento de su territorio ancestral y la incorporación de la Ley 4000 -que garantiza sus derechos- a la Constitución Provincial. El histórico reclamo llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en algún momento deberá dictar su fallo.
Necesitan con extrema urgencia la regularización del territorio; luz y agua para consumo humano; acceso a la salud; a viviendas dignas y que mejoren los caminos. Piden educación intercultural; inversión estatal, la construcción de políticas públicas y que paren con el desmonte.
Si bien el reclamo de la comunidad prexiste al gobierno de Javier Milei, aseguran que con el contexto político-económico actual «el sufrimiento ha empeorado en gran manera, porque nadie controla a la provincia y esta se maneja en forma indiscriminada con nuestra comunidad«.
Lo acordado con la comunidad
Desde el Gobierno Provincial, «se comprometieron en darnos una respuesta, esperamos que cumplan con lo acordado. Igualmente nosotros vamos a seguir luchando y reclamando porque estamos sufriendo«, explicó a Tiempo el referente Ricardo Benítez de la comunidad Mi Tekoa Tuna’i, ubicada en Puerto Leoni.
Cabe destacar que la comunidad guaraní también presentó una nota -a la que este diario tuvo acceso- ante el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, dirigido por Karina Aguirre. En el escrito, explican la situación de desidia y abandono en el que viven, son familias que habitan chozas con piso de tierra, sin baños, con todos sus derechos vulnerados.
Doble vara
El referente Benítez reconstruyó que años atrás el cacique general, Lorenzo Ramos, fue quien encabezó la lucha ancestral de esta comunidad y logró la creación de la Ley 3435; en ella, están expresos todos los reclamos de la comunidad.
Y denunció: «Pero los políticos derogaron esta Ley e impusieron la Ley 2727 que habla el 99% a favor del Estado, soslayando todos los derechos de los Pueblos Originarios que habitamos en Misiones. Así mismo, establecieron un instituto de lotería y casino, hace 40 años que no recibimos ningún tipo de ayuda estatal».
Violencia estatal
Benítez imploró. «Estamos viviendo debajo de una lona, sufrimos frío, calor y cuando llueve es un desastre. Por eso, estamos reclamando, somos la continuidad de una lucha histórica y sabemos que el único responsable es el gobierno provincial».
También señaló. «Nosotros somos la comunidad guaraní, estamos en Argentina, tenemos documentos y ciudadanía argentina, pero el Estado no nos reconoce como tales«.
En este sentido es bueno repasar que la Constitución Nacional estipula que los derechos consagrados en ella: Son para todos los ciudadanos argentinos y para todos los habitantes del mundo que habiten el territorio.
Benítez contó que cuando marcharon -hace dos semanas- hasta Plaza 9 de Julio, en Posadas, frente a Casa de Gobierno de Misiones: «Levantamos la movilización con un acuerdo con el Estado provincial, que nos prometió que el próximo 15 de octubre empezaría a garantizar todos nuestros derechos«, remarcó.
«Queremos un vida digna»
«Esperamos encarecidamente que el Estado cumpla«, reclamó y agregó: «Las comunidades queremos trabajar y tener una vida digna, de lo contrario volveremos a movilizar, no vamos a bajar nuestros brazos y no callaremos nuestros reclamos. Porque estamos sufriendo, están nuestros niños y ancianos, a quienes debemos cuidar«.
Detalló que la Ley 4000 fue creada en el año 2004 y que estipula derechos a los Pueblos Originarios. Por eso, piden que sea incorporada a la Constitución Provincial. «Sin embargo, los políticos nos dijeron que esa Ley caducó y que no sirve más, estamos en juicio por ese tema», apuntó el referente guaraní.
También hicieron una presentación a nivel nacional y les dijeron que es un problema interno de la provincia y que ellos no pueden intervenir. Entonces presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron que incorporen esta Ley que garantice sus derechos. El organismo internacional en algún momento deberá dictar su fallo.
