La estrategia de los piqueteros frente a Casanello: explicar la forma de organización, exhibir las auditorías del Estado y denunciar persecución política
Ante el juzgado ratificaron que no tienen la potestad legal de dar de baja los planes, que los aportes a la organzación son voluntarios y sirven para cubrir los gastos de funcionamiento y que todas las facturas fueron aprobadas por AFIP y Desarrollo Social. Denunciaron violación del derecho a la defensa.
Los 27 dirigentes de las organizaciones sociales investigadas en la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado liderado por Sebastián Casanello comenzaron a declarar la semana pasada y continuaron durante los dos días de esta semana corta.
Entre varios otros dirigentes, el martes fue el turno de uno de los principales acusados por la fiscalía, el dirigente nacional del Polo Obrero, Jeremías Cantero.
La causa que comenzó por una investigación por presunta extorsión se reorientó en el sentido de una eventual defraudación al Estado en el manejo de fondos destinados a las cooperativas que gestionan las organizaciones.
Según pudo saber Tiempo Argentino, el martes, el juez Sebastián Casanello se presentó una hora más tarde de lo pautado generando cierto malestar entre los indagados que se habían hecho presentes en el lugar varios minutos antes de lo estipulado y debieron esperar al magistrado para que tome las declaraciones.
Etapa indagatoria
La presente etapa comenzó el lunes 10 de junio y finalizará el 25 de este mes cuando sea el turno de Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero y, entro otros, de María Isolda “Tango” Dotti que cobró notoriedad cuando, en el allanamiento a su domicilio, se encontraron más de U$S 50 mil dólares que los medios afines al gobierno se apresuraron a difundir en tono de escándalo. La dirigente, hija del prestigioso filósofo Jorge Dotti, ya presentó a la justicia las pruebas que demuestran que el dinero se originó en su parte de la herencia por el fallecimiento de su padre velado con honores en la Biblioteca Nacional.
Para los abogados de la defensa en la fase indagatoria se violó el legítimo derecho a defensa en tanto los letrados de parte no accedieron a las pruebas presentadas por la fiscalía que, por otro lado, sí fueron acercadas a medios de prensa afines a la parte acusatoria. Por eso, Liliana Alaniz, abogada de Cantero confió haber preguntado al juez si La Nación+ se había constituido en parte querellante.
Durante la declaración de Cantero, contó la letrada a modo de ejemplo, se presentó una prueba clave que la defensa desconocía. Ante el pedido de acceder a la misma para analizarla el juez concedió un cuarto intermedio de 10 minutos cuando, la sola descarga de la misma en un CD según los técnicos del juzgado, demoraría al menos dos horas.
Extorsión y «listas de espera»
Una de las principales vertientes de la causa y que le dio origen pretende demostrar un sistema piramidal de extorsiones a través del cual los dirigentes de las organizaciones investigadas obligarían a los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo a participar de marchas y asambleas bajo la amenaza de dar de baja los programas y el acceso a los alimentos que recibían los comedores.
El ahora ex jefe de gabinete Nicolás Posse, en su única alocución frente al Congreso, mostró indignación por el supuesto hallazgo de “listas de espera” que confeccionaban las organizaciones dando cuenta de una supuesta “estructura de tipo piramidal”.
La estrategia para enfrentar la acusación que adoptó la defensa es muy elemental. El delito del que los acusan resulta inviable por el simple hecho de que las bajas y las altas de los beneficiarios, según la normativa vigente, resulta una potestad única de la cartera de Desarrollo Social. Ellos, insisten, no tienen el poder de otorgar o quitar el beneficio.
Las listas, repitieron ante el juez, son las que impone el Estado en tanto no da cuenta del reclamo que ellas mismas levantan y que consiste en la universalización de los programas para todo aquel que lo necesita. De esa manera no habría necesidad de intermediarios ni de confeccionar listas o empadronamientos de gente que precise acceder a una ayuda social.
De hecho el 1,2 millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo dista largamente de los 9 millones de argentinos que recibieron el IFE durante la Pandemia (cuando la pobreza alcanzaba al 40% de la población, lejos del actual 50%), o de los 3,5 millones que se encontraban inscriptos en 2023 en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) que resultaba un requisito para acceder a un beneficio a través de algún cooperativa. Una gigantesca lista de espera en poder del gobierno e ignorada por el Estado.
La estrategia: contar la verdad
En la conferencia posterior a su declaración, Jeremías Cantero señaló que “cuando uno tiene que decir la verdad no tiene ningún problema. No tenemos nada que ocultar”. El líder del Polo Obrero contó que “vinimos a explicarle al juez cómo nos organizamos y a denunciar que el gobierno busca criminalizar a las organizaciones que hemos luchado contra todos los gobiernos para que se universalicen los planes de asistencia”.
Denunciamos que en la causa la fiscalía y el juez trabajan para intimidar a denunciantes y a testigos, para manipularlos y construir el relato que les sirve para la persecución política. Hay pruebas.
