David contra Goliat: ¿pueden los organismos de competencia meter en vereda a las supercompañías?
Las entidades que vigilan el mercado para preservar los derechos de los consumidores tienen cada vez más dificultades debido a los vertiginosos avances tecnológicos y el poder de las grandes multinacionales
La XCT es una enfermedad hereditaria considerada rara que se manifiesta con diarreas, cataratas en adolescentes y deterioro en la capacidad cognitiva. Por desgracia, medio centenar de personas la padecen en España. El laboratorio Leadiant era, desde 2010, el único proveedor de un medicamento eficaz para tratarla, basado en un principio activo llamado CDCA. Su posición de mercado era demasiado tentadora, y en 2017, después de una serie de maniobras por parte del laboratorio, el tratamiento pasó de costar 984 euros a… 14.618 euros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a la empresa por vender a un precio excesivo el medicamento y ahora, tras varios recursos de la farmacéutica, la Audiencia Nacional le ha dado la razón al regulador.
Fuga de talento
La CNMC inspira la compasión que el espectador tenía por Kevin Costner en Los intocables de Eliot Ness, aquella película en la que un agente federal con pocos recursos se enfrentaba al mismísimo Al Capone. Con unos 530 empleados, el regulador español —que no ha sido ajeno a broncas internas en el pasado— sanciona cada año a nuevos carteles, tramita centenares de expedientes contra empresas de energía, telecomunicaciones, transporte o sector postal y recibe miles de consultas.
Pero todo tiene un precio. Muchos técnicos bien formados que han trabajado en sus filas se han pasado a grandes despachos donde los salarios son más confortables. Y algunos ciudadanos han visto cómo sus quejas se eternizaban en algún cajón: José Luis Rodríguez, un distribuidor de Coca-Cola de Lugo, recibía hace un par de semanas la contestación a una denuncia contra la marca de refrescos cuatro años después de presentarla.
Al menos en el último real decreto aprobado el pasado 28 de junio, el Gobierno dio un pequeño empujón al organismo, al que le permitirá investigar a las big tech (Apple, Alphabet, Meta, Amazon o Microsoft) en aplicación del reglamento europeo de mercados digitales.
A partir de ahora la institución que preside Cani Fernández también tendrá más tiempo para perseguir infracciones y resolver expedientes: se amplía el plazo general del procedimiento sancionador de 18 a 24 meses y se mejoran otros plazos para ciertas comunicaciones y decisiones sobre fusiones. Otra cosa será lo que suceda con el nuevo Gobierno. El PP, por ejemplo, estudia segregar la institución en varias comisiones si llega a la presidencia del Ejecutivo.
